Las Audiencias Provinciales

El art. 80.3 dice «siempre»: la sección que recibe en exclusiva una clase de asuntos los conoce en todo el ámbito territorial de la Audiencia, también en los partidos adscritos a secciones desplazadas fuera de la capital. Es la excepción a que cada sección desplazada atienda sus propios partidos (art. 80.2): para esos asuntos, las secciones desplazadas no recortan su ámbito, y por eso son falsos los distractores que recortan el ámbito a la sede o a los partidos libres.

El art. 81.4 distingue dos casos. Si las Secciones no están separadas por orden ni por especialidad, la adscripción es funcional sin más; si lo están, sigue siendo funcional, pero «exclusivamente» dentro de las del mismo orden o especialidad. La ley no lo condiciona a un acuerdo de la Sala de Gobierno ni a la ciudad de la sede: el límite lo pone la materia, no el lugar.

El art. 82 bis.2 agrupa en un mismo acuerdo los recursos contra las dos Secciones de violencia y contra las de Familia, Infancia y Capacidad. Vigilancia Penitenciaria, lo Contencioso-Administrativo y Menores no figuran en ese apartado, que no deja hueco para otras: los distractores son Secciones reales del Tribunal de Instancia, pero ajenas a esta especialización.

El art. 82.4.1.º le da a la Audiencia las cuestiones de competencia en materia civil y penal, no solo las penales, entre los jueces y magistrados de un mismo Tribunal de Instancia o de Tribunales distintos, siempre que sean de la provincia. Cuando los órganos enfrentados están en provincias distintas de la misma comunidad, la Audiencia ya no es su superior común, y la cuestión sube al Tribunal Superior de Justicia (art. 73.2.c y 73.3.d).

El art. 80.2 permite crear Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital, y a cada una le quedan adscritos uno o varios partidos judiciales: ese es su ámbito, no la provincia entera, que es el de la Audiencia (art. 80.1). La ley no las limita a la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia ni a ninguna otra.

El art. 80.3 lo deja al Consejo General del Poder Judicial, con el informe previo de la correspondiente Sala de Gobierno, y el acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La Sala de Gobierno informa, no decide; el Presidente de la Audiencia no tiene esta facultad; y el apartado no prevé ningún real decreto del Gobierno.

Por debajo del umbral, el Consejo General del Poder Judicial «podrá» acordar la especialización; con más de cinco plazas de magistrados de lo Mercantil en la provincia, el acuerdo «deberá adoptarse necesariamente», y además puede excluir a esas secciones del conocimiento de otros recursos de la Audiencia. Si las secciones especializadas son más de una, el Consejo reparte entre ellas los recursos según las materias de lo Mercantil.

La plantilla reducida es de uno a dos magistrados, y el Presidente cuenta entre ellos: «incluido el Presidente». Es menos que la composición ordinaria del art. 81.1, y por eso la ley prevé cómo completarla cuando haga falta un tribunal más numeroso. «Además del Presidente» es el distractor tentador: con él, la plantilla tendría hasta tres magistrados.

En lo penal la ley no deja margen: «deberán especializarse» una o varias Secciones, según el número de asuntos, conforme al art. 80.3. El distractor tentador es «podrán»: es el verbo del art. 82.2.2.º para los recursos en materia civil, donde la especialización es potestativa. En ningún caso se limita a una sola Sección.

El art. 82.2.3.º, tras los recursos contra las Secciones de lo Mercantil, añade los que se dirigen contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agoten la vía administrativa y estén dictadas en materia de propiedad industrial. Las dos condiciones van juntas: una resolución que no agota la vía administrativa no entra, y el apartado habla solo de propiedad industrial; la intelectual aparece a su lado entre las materias de lo Mercantil (art. 87.6.a), no aquí.

El art. 82.1.5.º está entre las competencias penales de la Audiencia Provincial: conoce de estos recursos salvo cuando la competencia corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el caso que el enunciado deja fuera. La Sección de Instrucción está en el mismo escalón que la de Vigilancia Penitenciaria y no revisa sus resoluciones, y ni el Tribunal Superior de Justicia ni el Tribunal Supremo aparecen en este apartado.

El art. 82.1.4.º lleva a la Audiencia Provincial los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia con sede en la provincia. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia no es la alzada de estas Secciones; la Sección de lo Penal está en el mismo escalón que la de Menores y no revisa sus resoluciones; y la Audiencia Nacional no es la alzada de un Tribunal de Instancia de provincia.

El art. 81.2 manda completarla con los magistrados que hagan falta del Tribunal Superior de Justicia, y para eso la Sala de Gobierno establece un turno para cada año judicial. La ley no tira de otra Audiencia Provincial, ni de los jueces del Tribunal de Instancia, cuyas resoluciones revisa la propia Audiencia, ni de suplentes nombrados a propósito.