El Ministerio Fiscal, los abogados y procuradores y la Policía Judicial

El art. 546.3 separa dos cosas. La responsabilidad disciplinaria por la conducta profesional la declaran los Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que han de respetar las garantías de la defensa. Lo que hace el juez o tribunal es otra cosa: las correcciones disciplinarias por la actuación ante él, que se rigen por la LOPJ y las leyes procesales. La Sala de Gobierno y el Consejo General gobiernan a jueces y tribunales, no a los abogados.

La letra c) del art. 549.1 les da la realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y que ordene la autoridad judicial o fiscal. Los conocimientos médicos son de los médicos forenses, la documentación de las actuaciones es de la fe pública judicial y las notificaciones son actos de comunicación de la oficina judicial: nada de eso es lo propio de una unidad policial.

La letra a) del art. 549.1 encomienda a estas unidades la averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, «dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal». No hay un plazo de horas que esperar ni un paso previo por el mando orgánico o el Ministerio del Interior.

El art. 550.2 lo mantiene en la actuación o investigación hasta que finalice o, en todo caso, hasta que termine la fase del procedimiento judicial que la originó. La LOPJ no fija un plazo en meses ni lo ata a la sentencia firme o a la apertura del juicio oral: el límite es el fin de la investigación o de su fase procesal.

El art. 545.3 manda designarlos de oficio, con arreglo a las leyes, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. Sin esa preceptividad no hay designación de oficio, y la LOPJ no la limita al acusado en lo penal ni la hace depender del domicilio. La regla general, salvo que la ley disponga otra cosa, es que cada parte elige libremente a sus representantes y defensores (545.1).

El art. 550.2 solo permite removerlo o apartarlo antes de tiempo por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. El mando orgánico no puede hacerlo por su cuenta aunque avise después al juez, y ni el Ministerio ni una Junta de Seguridad tienen esa facultad: la investigación depende de quien la dirige.

El art. 547 la atribuye, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, cada uno en el ámbito de sus competencias. Las unidades de Policía Judicial (548) existen, pero no tienen la función en exclusiva, y la LOPJ no pide ninguna autorización estatal a las policías autonómicas y locales.

El art. 541 bis la hace responsable de investigar y de ejercer la acción penal contra los autores y demás partícipes en los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea. El terrorismo y la criminalidad organizada transfronterizos no son su ámbito en la LOPJ, y tampoco la condición de quien comete el delito: lo que decide es el interés dañado, no que el autor trabaje para la Unión.

El art. 542.3 les impone guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, «no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos». No distingue entre la defensa en juicio y el asesoramiento, no se levanta porque el proceso haya terminado ni lo deja en manos del juez. El art. 543.3 extiende el mismo deber a los procuradores.

El art. 544.1 les exige, antes de empezar a ejercer, juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La LOPJ no les hace jurar las normas deontológicas, la lealtad al Colegio ni el turno de oficio: el objeto del juramento es el acatamiento del ordenamiento, empezando por la Constitución.

El art. 542.2 dice que los abogados, en su actuación ante los juzgados y tribunales, son libres e independientes, se sujetan a la buena fe y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa. Los honorarios, la recusación y el turno de oficio no son lo que el precepto manda amparar a los tribunales.

El art. 543.2 excluye en todo caso las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, junto con las de familia, los desahucios por impago en viviendas habituales y ciertos lanzamientos tras la subasta de una vivienda habitual. Lo que cuenta es la pareja exacta: la ejecución hipotecaria de un local no es de vivienda habitual, y las cuotas de comunidad no están en la lista aunque recaigan sobre la vivienda habitual del deudor; los pagarés tampoco figuran.

El art. 545.2 le abre la representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, con las obligaciones propias de su función. Que el asunto toque a trabajadores no basta: un delito contra los derechos de los trabajadores se juzga en un proceso penal, y un pleito de personal de una Administración, en uno contencioso-administrativo.

El art. 544.2 exceptúa a quienes actúan al servicio de las Administraciones públicas o de entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral. Fuera de ese caso, la colegiación es obligatoria: la LOPJ no prevé licencias para un asunto, ni un periodo inicial sin colegiarse, ni una excepción por actuar en otra comunidad autónoma.

El art. 548.1 dice que esas unidades dependerán funcionalmente de quienes les encomiendan las actuaciones, en el desempeño de todas ellas. La dependencia es por la función que prestan, no orgánica ni jerárquica: la LOPJ deja a una ley la organización de las unidades y el régimen jurídico de sus miembros (548.2).