Los Tribunales de Instancia: la Sección Única y las Secciones civiles

El derecho aéreo es, como regla, materia de la Sección de lo Mercantil (art. 87.6.a), y por eso la primera opción tienta. Pero el mismo apartado lo exceptúa enseguida: las pretensiones basadas exclusivamente en el reglamento europeo de los pasajeros aéreos quedan fuera, igual que las de los viajeros de ferrocarril, de autobús y por mar. La exclusión no depende de que el vuelo sea internacional ni del domicilio de la aerolínea.

Hay dos caminos para la propuesta: la del CGPJ, con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en Justicia, o la de esa misma comunidad, oído el CGPJ. Los papeles se invierten de un camino a otro, pero quien decide es siempre el Gobierno por real decreto. Ni la Sala de Gobierno del TSJ ni los órganos del propio Tribunal de Instancia proponen esta extensión.

El art. 84.1 liga el Tribunal de Instancia al partido judicial: uno en cada partido, con sede en su capital y con su nombre. Que algunas de sus Secciones, como la de lo Mercantil, tengan su sede en la capital de provincia y jurisdicción en toda ella (art. 87.1) no convierte al Tribunal en provincial. La provincia es la demarcación de la Audiencia Provincial y la comunidad autónoma la del Tribunal Superior de Justicia.

La Sección de Familia, Infancia y Capacidad no existe en todas partes: se crea cuando la carga de trabajo lo hace conveniente, y su jurisdicción es todo el partido judicial (art. 86.1). Que exista con carácter general en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia es la regla de otras Secciones, como la de lo Mercantil (art. 87.1). La comunidad autónoma con competencias en Justicia informa cuando una Sección de Familia se extiende a varios partidos (art. 86.2), pero no es quien decide crearla.

Los asuntos mercantiles no se dispersan por los partidos ni se reparten entre todos: los lleva uno de los jueces de la Sección Civil, o de la Sección Única, del Tribunal de Instancia de la capital de la provincia. Que los lleve la Sección de lo Mercantil de una provincia limítrofe es otra cosa, una excepción que exige provincia de menos de 500.000 habitantes y real decreto del Gobierno (art. 87.3).

La Sección de lo Mercantil existe con carácter general en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella (art. 87.1). Las de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia sobre la Mujer no: se crean cuando la carga de trabajo lo hace conveniente y su jurisdicción es el partido judicial (arts. 86.1 y 89.2). La Sección Civil, o la Única, está en todo Tribunal de Instancia, pero su jurisdicción es también el partido (art. 85), no la provincia; solo cuando no se constituye Sección de lo Mercantil, uno de los jueces de la de la capital lleva esos asuntos para toda la provincia (art. 87.2).

El art. 84.3 empieza sin condiciones: cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia, sea cual sea su número de Secciones, esté o no en la capital de provincia, y sin que lo decida el CGPJ. Las condiciones que el mismo apartado enumera a continuación son para otra figura, la Presidencia de Sección, y no se aplican a la Presidencia del Tribunal.

Un partido de más de 250.000 habitantes de la misma provincia puede tener su propia Sección de lo Mercantil si no es limítrofe con el de la capital; si lo es, el art. 87.4 no da cobertura para crearla. La ley no condiciona la creación a que falte la Sección de la capital, y la nueva puede extender su jurisdicción a otros partidos limítrofes. Por eso tampoco es cierto que la Sección de lo Mercantil solo pueda tener sede en la capital: esa es la regla general del art. 87.1, y el 87.4 es su excepción.

Aunque sean acciones sociales, la LOPJ las atrae al concurso: la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en los despidos, traslados, modificaciones sustanciales, suspensiones y reducciones de jornada colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 87.7.d). Sin concurso conocería el orden social, y por eso la Sección de lo Social tienta. El juez del concurso es un juez de la Sección de lo Mercantil (art. 87.7).

Las cuestiones del orden civil en materia de competencia desleal y publicidad son de la Sección de lo Mercantil (art. 87.6.a), junto con la propiedad intelectual e industrial, las sociedades mercantiles, el transporte y el derecho marítimo y aéreo. La Sección Civil, o la Única, solo conoce de los juicios que la ley no atribuye a otro órgano (art. 85.1.º), y este sí está atribuido. La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia no conocen de esta demanda en primera instancia.

La asignación la acuerda el Consejo General del Poder Judicial. La Presidencia del Tribunal la propone y la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional es oída, pero ninguna de las dos la decide, y la Sala de Gobierno no interviene. El acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y solo cabe entre asuntos del mismo orden jurisdiccional.

Las cuestiones relativas al matrimonio y a su régimen económico son la primera materia de la lista del art. 86.5, en la que la Sección de Familia tiene jurisdicción exclusiva y excluyente. Las otras tres son de otras Secciones: las acciones patrimoniales contra el concursado son del juez del concurso (art. 87.7.a.1.ª), el resarcimiento por infringir el Derecho de la competencia es de lo Mercantil (art. 87.6.b) y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, de la Sección Civil o la Sección Única (art. 85.5.º).

El art. 87.6.c atribuye a las Secciones de lo Mercantil los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores mercantiles y contra las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre esas calificaciones. Aunque el registrador ejerce una función pública, el recurso no va al orden contencioso-administrativo. La Sección de Familia conoce de la oposición a las resoluciones de esa misma Dirección General, pero en materia de Registro Civil (art. 86.5.i), no del Registro Mercantil. Y la Sección Civil o la Única solo conoce de lo que la ley no atribuye a otro órgano (art. 85.1.º).

Lo establece el Gobierno por real decreto. El CGPJ propone y, en su caso, la comunidad autónoma con competencias en Justicia informa favorablemente, pero ninguno de los dos decide. El acuerdo del CGPJ previo informe de las Salas de Gobierno es otra cosa: sirve para que, donde no hay Sección de Familia, sus asuntos los lleve un juez de la Sección Civil o de la Sección Única (art. 86.3).

Es ponente quien recibió el asunto por turno de reparto. El turno anual preestablecido y público es el que sirve para nombrar a los jueces que se suman, no para repartir la ponencia, y la ley no deja esa elección ni a la antigüedad ni a la Presidencia. Los nombrados siguen en el procedimiento hasta que termina, y se les pueden seguir repartiendo otros asuntos.

El art. 84.5 permite extender la jurisdicción de algunas Secciones a partidos de la misma provincia o de varias provincias, y en este segundo caso pone dos condiciones a la vez: que sean limítrofes y que estén dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia. Falta una u otra y no cabe.

El art. 84.6 permite nombrar a dos jueces o magistrados, por un turno anual preestablecido y público, que se suman a quien recibió el asunto. Tres es el total de los que conocen del procedimiento, no los que se nombran, y por eso es la respuesta tentadora. Se puede hacer por el volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes, tanto en la instrucción de un proceso penal como en la primera instancia de cualquier orden.

Las circunstancias del art. 84.3 tienen que concurrir todas, y la primera es que en el Tribunal haya dos o más Secciones: con una sola, no hay Presidencia de Sección por muchas plazas que tenga. Lo que sí tiene siempre es la Presidencia del Tribunal («Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia»), que es otra cosa. Y no es verdad que una Sección Única nunca la tenga: puede convivir con otras Secciones (art. 84.2), y entonces la tendrá si reúne las tres circunstancias.

La competencia civil de estas Secciones es residual: conocen en primera instancia de todo juicio que la LOPJ no atribuya a otro órgano, como las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad (art. 86) o de lo Mercantil (art. 87). No hay un tope de cuantía, la ley de planta no les hace una lista y el CGPJ no les reparte materias: su acuerdo sirve para otras cosas, como atribuir los asuntos de familia a un juez de la Sección Civil donde no hay Sección de Familia (art. 86.3).

El art. 84.4 dice que la adscripción a las Secciones «será funcional». Por eso, por criterios de racionalización del trabajo, los jueces de una Sección pueden conocer de asuntos de nuevo ingreso de otra Sección del mismo Tribunal y del mismo orden jurisdiccional, por acuerdo del CGPJ. No es una adscripción temporal ni personal, y tampoco orgánica: la ejercen en el Tribunal de Instancia, que es el órgano, y la Sección es una parte suya.