Los jueces y juezas de paz

La DA 24.ª reparte las menciones: las que tratan de las competencias del juez de paz en materia jurisdiccional, o de cualquier otra que la ley le atribuya, se entienden hechas a los jueces y las juezas de paz; todas las demás, a las Oficinas de Justicia en los municipios. No hay un destinatario único, y lo jurisdiccional nunca pasa a la Oficina.

Cuatro años, igual para el titular que para el sustituto. Los cinco años son los del Consejo General del Poder Judicial, que se renueva en su totalidad cada cinco años (art. 568.1), y no tienen nada que ver con el mandato del juez de paz.

El art. 103.1 dice que serán retribuidos, por el sistema y en la cuantía que se establezca legalmente: el cargo no es gratuito, pero la LOPJ no fija ella misma cuánto cobran, ni lo equipara a lo de los jueces de carrera, ni lo carga al presupuesto municipal.

La regla es elegir entre las personas que lo solicitan reuniendo las condiciones legales; si no hay ningún solicitante, el art. 101.2 deja que el Pleno elija libremente. La ley no manda repetir la convocatoria ni deja la plaza vacante, y el Consejo General del Poder Judicial no designa jueces de paz. Elegir libremente no exime de las condiciones legales: si la persona elegida no las reúne, se actúa como dice el art. 101.4.

Los elige el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que lo soliciten reuniendo las condiciones legales. No basta la mayoría simple de los presentes, y la Junta de Gobierno Local no interviene: la elección es del Pleno.

Quien vaya a ser juez de paz no puede estar incurso en las causas de incompatibilidad de las funciones judiciales, con una sola excepción: el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, que al juez de carrera le está vedado (art. 389). Las otras tres también son incompatibilidades del art. 389, y el art. 102 no las exceptúa, así que alcanzan igualmente a quien vaya a ser juez de paz.

El art. 103.2 suma dos vías: el transcurso del mandato y las mismas causas que los jueces de carrera, en cuanto les sean de aplicación. Que se renueve la corporación municipal tras unas elecciones no les hace cesar, y la LOPJ no da al Ayuntamiento ninguna facultad de revocarlos.

El criterio del art. 99 es uno solo: que en el municipio no haya Tribunal de Instancia. Donde lo hay, sus Secciones ejercen la jurisdicción y no hace falta juez de paz. El artículo no fija ningún umbral de población ni hace depender el juez de paz de que el municipio lo pida: lo hay en cada municipio que cumpla esa condición.

El art. 102 permite nombrar juez de paz, titular o sustituto, a quien no sea licenciado en Derecho, siempre que reúna los requisitos que la LOPJ fija para el ingreso en la Carrera Judicial y no esté incurso en las causas de incapacidad o de incompatibilidad, con la salvedad que el propio artículo hace. Por eso no basta con ser mayor de edad y vecino, y la dispensa de la licenciatura no depende de que haya o no licenciados que lo soliciten.

Los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y el nombramiento recae en las personas que ha elegido el Ayuntamiento: el Ayuntamiento elige, pero no nombra. El art. 101 no da ningún papel al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia ni a la Presidencia de la Audiencia Provincial. La pregunta va anclada en el art. 101 porque una disposición adicional de la misma ley remite a otra regla en algunas comunidades autónomas.