Los Tribunales Superiores de Justicia

El párrafo segundo del art. 73.4 es la excepción al primero: en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, la Sala no designa un instructor, sino un Juez de garantías. La designación de un instructor es la regla del párrafo primero para las causas de las letras a) y b) del art. 73.3; el «Juez de enlace» y el «Magistrado ponente» no aparecen en este artículo.

El art. 74.1.h) atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia los recursos contra la prohibición o la propuesta de modificación de las reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983. Aunque la prohibición la acuerde una autoridad de ámbito provincial, el recurso no va a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, que solo conoce de los actos que la ley le atribuye expresamente (art. 93.4), ni a la del Tribunal Central de Instancia, que es para órganos con competencia en todo el territorio nacional (art. 95.e).

El art. 73.1.a) solo lleva la casación civil al Tribunal Superior cuando el recurso se funda en infracción del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y además el Estatuto lo prevé. Lo que no es derecho propio de la comunidad —el derecho civil común, por ejemplo— no entra en esta atribución: la casación en materia civil corresponde, con carácter general, a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 56.1.º).

Hacen falta las dos cosas a la vez: que la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central se dicte en alzada y que verse sobre tributos cedidos (art. 74.1.e). Es la excepción: los recursos contra las resoluciones del Central que la ley no atribuye a los Tribunales Superiores van a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 66.d). Con tributos cedidos pero en única instancia, o en alzada pero sobre tributos no cedidos, falta una de las dos condiciones.

El art. 73.2.a) da a esta Sala las demandas contra el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno y contra los miembros de la Asamblea legislativa de la comunidad, salvo que el Estatuto las lleve al Supremo. Las otras tres son de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por la propia LOPJ, sin depender de ningún Estatuto: los Diputados y los Presidentes de los Tribunales Superiores están en el art. 56.2.º, y los Magistrados de los Tribunales Superiores, en el art. 56.3.º.

El art. 72.2 le da la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo, y solo «mientras desempeñe el cargo». La tentación es subir un peldaño y pensar en un Presidente de Sala del Supremo, o bajarlo a la Audiencia Nacional; la ley no lo equipara a ninguno de los dos, sino a un Magistrado del Tribunal Supremo.

El art. 73.3.b) atribuye a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, como Sala de lo Penal, la instrucción y el fallo de las causas contra jueces, magistrados y fiscales por lo cometido en el ejercicio de su cargo en la comunidad, siempre que no correspondan al Tribunal Supremo. Al Supremo solo van, entre los magistrados, los del propio Supremo, los de la Audiencia Nacional y los de un Tribunal Superior de Justicia (art. 57.1.2.º y 3.º): un magistrado de Audiencia Provincial no está entre ellos. Tampoco se reparte la causa como de costumbre, con la Sección de Instrucción investigando y la Audiencia juzgando: aquí la instrucción y el fallo van juntos a la misma Sala.

El art. 73.4 separa a quien instruye de quien juzga: el instructor sale de la propia Sala, por turno, pero «no formará parte de la misma para enjuiciarlas». Por eso no puede ser ponente ni presidir el enjuiciamiento de esa causa. Tampoco deja la Sala mientras instruye: sigue siendo miembro de ella; lo único que la ley le impide es enjuiciar las causas que ha instruido.

El art. 74.1.b) atribuye a esta Sala los recursos contra las disposiciones generales de las comunidades autónomas y de las entidades locales: una ordenanza municipal se recurre ante el Tribunal Superior, por pequeño que sea el municipio. Los recursos contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo General del Poder Judicial son de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 58); los de los Secretarios de Estado, de la de la Audiencia Nacional, salvo que la ley los dé al Tribunal Central de Instancia (art. 66.a).

El art. 74.1.a) deja al Tribunal Superior los actos locales y autonómicos que no estén atribuidos a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia. Esas Secciones conocen de los actos que la ley les atribuya expresamente (art. 93.4), y lo demás va a la Sala del Tribunal Superior. La Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Central de Instancia no son el límite aquí: conocen de actos del Gobierno y de la Administración del Estado, o de órganos con competencia en todo el territorio nacional.

El art. 75.1.º da a la Sala de lo Social del Tribunal Superior las controversias de ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad: dos provincias de la misma comunidad, sin una Sección común, encajan justo ahí. La Audiencia Nacional entraría si el conflicto rebasara la comunidad autónoma (art. 67.2.º); la Sección de lo Social se queda corta, porque su jurisdicción no alcanza a las dos provincias.

La letra b) no se conforma con uno ni con un número fijo: exige que la demanda se dirija contra todos o la mayor parte de los magistrados de la Audiencia Provincial o de cualquiera de sus secciones. «Tres o más» puede no ser la mayor parte de una Audiencia grande, y la ley no destaca al Presidente de la Audiencia ni al de una sección: lo que cuenta es la proporción de magistrados demandados.

El art. 73.6 no deja elegir cualquier ciudad: solo «aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior». Ser capital de provincia no basta si allí no hay ya otra Sala del Tribunal Superior, y tampoco se limita a la capital de la comunidad: vale cualquiera de las capitales donde el Tribunal ya tenga Salas.

Cuando el requerimiento lo hace una autoridad autonómica de protección de datos, lo autoriza la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 74.5). La tentación es el Tribunal Central de Instancia: su Sección de lo Contencioso-Administrativo autoriza el mismo requerimiento cuando lo hacen la Agencia Española de Protección de Datos u otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal (art. 95.e). Lo que decide es de quién es la autoridad que requiere.

El art. 77.2 lo dice sin matices: «El recusado no podrá formar parte de la Sala», y se le sustituye con arreglo a lo previsto en la ley. Que los Presidentes de Sala figuren en la composición ordinaria de esa Sala no le da un puesto cuando el recusado es él, y la ley no prevé ni una presencia sin voto ni que su apartamiento dependa de que lo pida el recusante.

El art. 72.2 dice que el Tribunal Superior se compone de un Presidente «que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal». Las demás Salas tienen sus Presidentes de Sala, que el mismo apartado menciona aparte; la de lo Civil y Penal no lo necesita, porque la preside el del Tribunal. Ni la antigüedad en la Sala ni la Audiencia Provincial de la sede tienen aquí ningún papel.

El art. 72.1 enumera tres Salas, y solo tres: la de lo Civil y Penal, la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social. La Sala de Apelación no es del Tribunal Superior, sino de la Audiencia Nacional (art. 64.1). Que el art. 73.6 permita crear en el Tribunal Superior Secciones, e incluso una Sala de lo Penal, en determinados casos no añade una Sala de Apelación a la lista.