El Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones

La lista la adopta el Consejo, y el Parlamento Europeo solo es consultado: no tiene que aprobarla. Cada Estado propone a su candidato, el Parlamento da su parecer y el Consejo decide. La tentación es pensar en la aprobación del Parlamento, que el Tratado no exige aquí.

El cese es judicial: solo el Tribunal de Justicia puede declararlo, y solo a instancia del propio Tribunal de Cuentas, cuando el miembro deja de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones de su cargo. Con la misma declaración puede privarle de su pensión. El Consejo, que interviene al nombrar, no puede cesar, y el Parlamento Europeo no tiene la iniciativa.

El Banco presta y avala, no subvenciona, y lo hace sin perseguir fines lucrativos. Su misión es contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos, y con ese fin financia proyectos para las regiones más atrasadas, para modernizar o reconvertir empresas y de interés común a varios Estados.

El Banco Central Europeo es independiente en el ejercicio de sus competencias y también en la gestión de sus finanzas, y el Tratado obliga a respetar esa independencia tanto a los Gobiernos de los Estados miembros como a las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Por eso tampoco el Consejo puede autorizar esas instrucciones ni darlas él, y da igual que el Estado tenga o no el euro.

Los dos lo son. El Tratado nombra a los miembros del Tribunal de Cuentas para seis años y declara su mandato renovable; y el Presidente, al que eligen los propios miembros de entre ellos, tiene también un mandato renovable. El Tratado no pone límite al número de renovaciones de ninguno de los dos.

Es la declaración de fiabilidad: el Tribunal de Cuentas examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión y declara sobre la fiabilidad de esas cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, y la declaración se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Tribunal fiscaliza, no exige responsabilidades contables, y ni el déficit de los Estados ni el encaje del presupuesto en el marco financiero son el objeto de esa declaración.

La autorización de la emisión del euro es del Banco Central Europeo, y el Tratado se la da «en exclusiva»: no la comparte con la Comisión, ni con el Consejo, ni con los bancos centrales nacionales. El mismo apartado le reconoce personalidad jurídica propia. Los bancos centrales nacionales pueden emitir billetes, pero la autorización es del Banco.

Los nombra el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. Los demás intervienen antes, pero no nombran: el Consejo recomienda, y el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del Banco son consultados. La Comisión no tiene papel en estos nombramientos.

Los miembros del Banco Europeo de Inversiones son los Estados miembros, todos, tengan o no el euro; la Unión no es miembro, y tampoco lo son los bancos centrales nacionales, que forman con el Banco Central Europeo otro sistema. El Banco tiene personalidad jurídica propia, y sus Estatutos figuran en un protocolo anejo a los Tratados.