Los programas penitenciarios, la formación y las medidas judiciales de protección de las víctimas

El art. 66 manda adoptar esas medidas a través de servicios de atención especializada y realizar el seguimiento periódico de la evolución de los menores y de la mujer en coordinación con dichos servicios. La ley no prevé para ello informes trimestrales del Fiscal, comparecencias del inculpado ni visitas de otra oficina: el seguimiento se coordina con los servicios especializados.

El art. 47 reparte el deber entre tres: el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, cada uno en el ámbito de sus competencias. El Ministerio Fiscal no figura entre quienes han de asegurarla: los fiscales están entre quienes la reciben.

El art. 42.2 nombra tres decisiones: las progresiones de grado, la concesión de permisos y la concesión de la libertad condicional. En las tres, las Juntas de Tratamiento valoran el seguimiento y el aprovechamiento de los programas. La clasificación inicial, los traslados de centro y las sanciones disciplinarias no están en esa lista.

El art. 65 permite al juez suspender para el inculpado el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho de los menores que dependan de él. Es una suspensión del ejercicio, acordada como medida de protección durante el procedimiento: no priva de la titularidad para siempre, no espera a una condena firme y la ley no la condiciona a que el menor haya sido víctima directa: basta con que dependa del inculpado.

El art. 61.2 obliga al juez competente a pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento del capítulo, y le permite hacerlo de oficio, además de a instancia de las personas y entidades que el artículo nombra. Que nadie las haya pedido no le dispensa: la ley no hace depender ese pronunciamiento de una petición ni de la conformidad de la víctima.

El art. 68 exige un auto motivado, y le marca qué ha de apreciar: la proporcionalidad y la necesidad de la medida. Una providencia no basta, porque restringen derechos, ni hay que esperar a la sentencia. La urgencia y la gravedad no son lo que la ley pide que el auto razone.

El art. 64.2 permite al juez, con carácter excepcional, autorizar a la persona protegida a concertar la permuta del uso atribuido de esa vivienda por el uso de otra, con una agencia o sociedad pública que incluya entre sus actividades el arrendamiento de viviendas, allí donde la haya, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. Lo que se permuta es el uso: la ley no autoriza a vender, a arrendar a terceros ni a alterar la titularidad.

El art. 69 permite mantener las medidas tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los recursos que correspondan, y en ese caso exige hacer constar el mantenimiento en la propia sentencia, no en una resolución aparte. La sentencia no las extingue por sí sola, y recurrirla tampoco.

El art. 66 dice que el juez «ordenará» la suspensión: es la regla, no una facultad, a diferencia de la suspensión de la patria potestad del art. 65, que el juez «podrá» acordar. La regla tiene una sola salida, y es que el juez, en interés superior del menor, no la acuerde. No depende de que la pida la madre, y tampoco es absoluta.

La ley no da una cifra: el art. 64.3 manda al juez fijar una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. No la elige la persona protegida ni la remite a un reglamento, y los quinientos metros no aparecen en el artículo.

El art. 47 añade dos contenidos que han de estar en todo caso en esos cursos: se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria. La situación laboral de las víctimas y la protección de sus datos no son lo que este artículo exige incorporar a la formación.

El art. 61.1 declara las medidas de protección y seguridad del capítulo compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. No desplazan a las cautelares ordinarias ni funcionan solo en defecto de ellas, y la compatibilidad alcanza a las civiles igual que a las penales.

El art. 64.4 resuelve el caso: la medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquellas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. Que la víctima se haya marchado no la excluye ni la condiciona a que vuelva, y la ley no exige un incumplimiento previo del inculpado.

El art. 65 no deja la cuestión abierta cuando el juez opta por no suspender: en ese caso deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho. No basta con dejar las cosas como estaban ni con remitirlas a otro proceso, y la ley no condiciona la decisión a un informe psicosocial.

El art. 42.1 encarga a la Administración penitenciaria programas específicos para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. No son programas para toda la población reclusa ni para cualquier delito violento, y la ley no los abre a quien los pida con independencia de su delito: los define por la condena por violencia de género.