El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Tratado de Funcionamiento

El recurso de anulación se interpone en el plazo de dos meses, que corre desde la publicación del acto, desde su notificación al recurrente o, a falta de ellas, desde el día en que este lo conoció. Es un plazo corto y, pasado, el acto ya no puede atacarse por esta vía. Los tres, cuatro y seis meses no son el plazo de este recurso en el Tratado.

El recurso por incumplimiento tiene una fase previa que lleva la Comisión sola: ofrece al Estado la posibilidad de presentar sus observaciones y emite un dictamen motivado. Solo si el Estado no se atiene a ese dictamen en el plazo que la propia Comisión determina, puede ella recurrir al Tribunal. No necesita la autorización del Consejo ni la aprobación del Parlamento Europeo, y el plazo no es uno fijo del Tratado, sino el que la Comisión señala.

Contra los actos del Consejo Europeo o del Consejo en el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el de los valores, el Tratado abre una vía estrecha: solo puede pedirla el Estado miembro objeto de la constatación, y el Tribunal solo examina si se respetaron las reglas de procedimiento de ese artículo. La petición se presenta en el plazo de un mes desde la constatación, y el Tribunal resuelve en otro mes. Ni los demás Estados ni las instituciones pueden pedirla.

El número de abogados generales que da el Tratado no es un techo cerrado, pero el Consejo no puede moverlo por su cuenta: decide por unanimidad y solo si se lo solicita el Tribunal de Justicia. La iniciativa no es aquí de la Comisión, como en tantos otros actos, ni de los Estados miembros, y el Parlamento Europeo no interviene en esta decisión.

Un Estado puede demandar a otro por incumplimiento, pero antes tiene que someter el asunto a la Comisión, que oye a los dos Estados, por escrito y oralmente, y emite un dictamen motivado. Ese paso no es un veto: si la Comisión no emite el dictamen en tres meses desde la solicitud, la falta de dictamen no impide recurrir. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo no intervienen, y el Estado no necesita el respaldo de ningún otro.

Cuando la cuestión prejudicial se plantea en un asunto que afecta a una persona privada de libertad, el Tratado manda al Tribunal pronunciarse con la mayor brevedad. No le fija un plazo en días ni en meses, ni dice nada de la libertad del investigado, que sigue dependiendo del juez nacional; y el juzgado que ha planteado la cuestión es porque necesita la respuesta para su fallo.

Los recursos ante el Tribunal no tienen efecto suspensivo: el acto impugnado se sigue aplicando mientras se resuelve. Pero el Tratado no deja al recurrente sin remedio: el Tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución si estima que las circunstancias lo exigen, y además puede adoptar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que conoce.

El Tratado distingue dos situaciones. Cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede pedir al Tribunal que se pronuncie, si estima necesaria esa decisión para emitir su fallo: es una facultad. Pero el órgano cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno está obligado a someterle la cuestión. La obligación no depende de la instancia en abstracto ni de que la pidan las partes, sino de que contra lo que ese órgano decida ya no quepa recurso.

En estos dos capítulos del espacio de libertad, seguridad y justicia el Tribunal conserva sus competencias sobre los actos de la Unión: interpreta las directivas y controla la legalidad y la validez de los actos de las instituciones, órganos y organismos, como Europol o Eurojust. Lo que el Tratado le quita es comprobar la validez o la proporcionalidad de las operaciones de la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, y pronunciarse sobre cómo ejerce cada Estado sus responsabilidades de orden público y seguridad interior.

Al Presidente del Tribunal de Justicia lo eligen los propios jueces, de entre ellos, por un período de tres años, y su mandato es renovable. Es una elección interna del Tribunal: los Gobiernos no intervienen, y el período es el que este artículo fija para la presidencia.

Los particulares también pueden pedir la anulación de un acto de la Unión, aunque en condiciones más estrictas que los Estados y las instituciones: contra los actos de los que son destinatarios, contra los que les afectan directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que les afectan directamente y no incluyen medidas de ejecución. La empresa destinataria de una decisión está en el primer caso: recurre ella misma, sin pasar por su Estado ni depender de lo que este haga.

Es la excepción de ilegalidad. Aunque haya pasado el plazo del recurso de anulación, la parte de un litigio en el que se cuestiona un acto de alcance general puede alegar que es inaplicable, por los mismos motivos que permitirían anularlo. No se pide su anulación fuera de plazo, que el Tratado no permite, ni plantea una cuestión prejudicial: lo que el Tratado le da es alegar la inaplicabilidad.

La regla es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente en la política exterior y de seguridad común, y por eso la primera opción tienta. Pero el mismo artículo hace dos salvedades, y una es esta: puede controlar la legalidad de las decisiones del Consejo que establecen medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas, en un recurso que interpone la propia persona afectada. No necesita a su Estado ni reclamar antes ante el Consejo Europeo.