Los derechos y deberes de los ciudadanos

De acuerdo con su capacidad económica. No se contribuye en proporción a lo que uno recibe de los servicios públicos, ni según dónde viva, ni por lo que el gasto necesite en cada momento.

Para fines de interés general, con arreglo a la ley. No basta cualquier fin lícito, y el 34.1 no reduce la fundación a lo benéfico, lo asistencial o lo cultural.

Los apartados 2 y 4. El 34.2 no extiende a las fundaciones lo que disponen los apartados 1, 3 y 5 del artículo 22.

Las de la economía general y, en su caso, de la planificación. La función social delimita la propiedad y la herencia (33.2), y la estabilidad presupuestaria es del 135: ninguna es la medida del 38.

Las dos cosas a la vez: «el deber de trabajar y el derecho al trabajo». No es un principio rector, porque el artículo 35 no está en el capítulo tercero, y el 35.1 no promete un puesto de trabajo garantizado por el Estado.

La fuerza vinculante de los convenios: obligan a quienes alcanzan. El 37.1 no supedita su eficacia a una homologación administrativa, no impone un arbitraje obligatorio ni iguala salarios entre sectores.

A la promoción a través del trabajo, dice el 35.1. No la liga al mérito, a la formación ni a la antigüedad.

A los españoles, sin más: el 30.1 no distingue por sexo ni por residencia, ni lo reduce a quien viste uniforme. Que las Fuerzas Armadas tengan como misión la defensa no les hace titulares exclusivos de este derecho y deber, que es de todos los españoles.

Entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Ni el Gobierno, ni las organizaciones de consumidores (51.2), ni los Colegios Profesionales son las partes que nombra el 37.1.

Igualdad y progresividad. La eficiencia y la economía son los criterios del gasto público en el apartado 2 del mismo artículo, y las otras dos parejas no son los principios que nombra el 31.1.

Que sean democráticos. El 36 no habla de publicidad, independencia ni paridad.

La defensa de la productividad. El 38 no menciona la competencia ni los precios, y la participación de los trabajadores en la empresa es cosa del 129.2.

La que el 35.1 nombra es la de sexo. Las otras no aparecen en este artículo; la cláusula general contra la discriminación está en el 14.

En el marco de la economía de mercado. Ni la planificación, ni la economía social, ni el interés general son el marco en que el 38 reconoce la libertad de empresa.

Con plena igualdad jurídica. La igualdad «real y efectiva» es la que los poderes públicos deben promover según el 9.2, y la igualdad ante la ley, la del 14: ninguna es la fórmula del 32.1.

No: «Todos contribuirán», dice el 31.1, sin reservar el deber a los españoles y sin atarlo a la residencia.

Un estatuto de los trabajadores. La Seguridad Social es el principio rector del 41; el salario mínimo no aparece en el 35, y la ley de las medidas de conflicto colectivo es la del 37.2.

La propiedad privada y la herencia. La libertad de empresa está en el 38, el derecho de fundación en el 34 y la vivienda digna es un principio rector del 47.

En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El 30.4 no los liga a la declaración de los estados del artículo 116, a la guerra ni a una crisis económica: basta la situación y una ley que regule esos deberes.

Eficiencia y economía, dice el 31.2. La eficacia y la coordinación son principios de la actuación de la Administración (103.1), y la suficiencia y la solidaridad no son los criterios que nombra este apartado; la legalidad y la transparencia, tampoco.