Los derechos fundamentales: de la vida a la libertad de expresión

El 19 prohíbe limitar ese derecho por motivos políticos o ideológicos. De la salud pública o la seguridad nacional no dice nada.

Setenta y dos horas es el techo, no el plazo ordinario: la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario, y ese máximo solo marca el límite.

El «habeas corpus» busca la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La prisión provisional sale en el mismo apartado, pero es otra cosa y su plazo lo fija la ley.

El 18.1 garantiza el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. La libertad de cátedra es una de las libertades del artículo 20.1.

Son dos contenidos: sus derechos y las razones de la detención. El 17.3 no obliga a informar de la duración prevista ni del juez, aunque la duración tenga un tope en el 17.2.

El 18.3 nombra en especial las postales, las telegráficas y las telefónicas. Las electrónicas o informáticas no aparecen entre las que cita.

Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y de ahí las relaciones de cooperación del mismo apartado. Nadie está obligado a declarar las suyas (16.2), así que no pueden partir de lo que cada uno declare.

Son la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La rectificación o la réplica no las nombra el artículo 20.

El 17.3 lo dice sin salvedades: la persona detenida no puede ser obligada a declarar. Ni la orden judicial ni la presencia del abogado lo cambian.

El 20.1.b) protege la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La industrial no está en esa enumeración.

La regla es el tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos; las setenta y dos horas son solo el tope. Por eso es falso que dure «lo que exija la investigación»: hay un límite fijo.

El 18.3 solo prevé una salvedad: la resolución judicial. A diferencia del domicilio (18.2), no menciona el flagrante delito.

El 16.3 nombra a la Iglesia Católica, pero añade «y las demás confesiones»: la cooperación no es exclusiva de una. El registro y la ley orgánica no están en el artículo.

«Ninguna confesión tendrá carácter estatal.» La Iglesia Católica aparece en el mismo apartado, pero para las relaciones de cooperación, no para darle carácter oficial.

El texto exige que la información le resulte comprensible a quien la recibe; no fija la forma escrita ni una lengua concreta. La asistencia de abogado es otra garantía del mismo apartado.

Sí, en dos supuestos: con el consentimiento del titular o en caso de flagrante delito. Fuera de ellos, el 18.2 exige resolución judicial: no basta la orden de otra autoridad.

El artículo 15 empieza con «Todos tienen derecho»: no lo reserva a los españoles ni a los ciudadanos, como hacen otros artículos del capítulo, por ejemplo el 19 con la residencia.

Dentro de las setenta y dos horas, el detenido sale en libertad o pasa a la autoridad judicial. El 17.2 no menciona al Ministerio Fiscal, y la prisión provisional es otra figura (17.4).

El 19 empieza «Los españoles tienen derecho». No es «toda persona», que es la fórmula del 17.1 para la libertad y la seguridad.

El segundo párrafo del 19 remite a la ley los términos de la entrada y la salida. Lo que fija directamente es que no cabe limitarlo por motivos políticos o ideológicos.