El preámbulo, cómo se ordena el texto en títulos, capítulos y secciones, y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 36 preguntas que contiene en total.
«Una sociedad democrática avanzada», con esas dos palabras y ninguna más. Libertad, justicia o pluralismo aparecen en otros lugares del texto, pero no califican a la sociedad que proclama el preámbulo.
Establecer una sociedad democrática avanzada
Por mayoría absoluta de sus miembros, según la disposición transitoria primera. Ni dos tercios ni tres quintos: y no basta la mayoría de los votos emitidos, porque se cuenta sobre los miembros del órgano.
sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales
El imperio de la ley, entendida como expresión de la voluntad popular. La separación de poderes, la primacía de la Constitución o la tutela judicial pueden sonar a Estado de Derecho, pero no son lo que dice el preámbulo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
«Del Gobierno y de la Administración»: el título IV regula los dos, del artículo 97 al 107. Las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales son el título V, y la Constitución no usa «Poder Ejecutivo» ni «Función Pública» como rúbrica.
TÍTULO IV Del Gobierno y de la Administración
En el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, y «en su caso»: la Constitución no la impone. Ni un convenio, ni una ley orgánica específica, ni las Juntas Generales aparecen en esa disposición.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
«De la suspensión de los derechos y libertades». Los estados de alarma, excepción y sitio no tienen capítulo propio en el título I: los regula el artículo 116, en el título V.
CAPÍTULO QUINTO De la suspensión de los derechos y libertades
«De la elaboración de las leyes». El título III, «De las Cortes Generales», tiene tres capítulos: el primero, de las Cámaras; el segundo, este; el tercero, de los Tratados Internacionales. Ninguna de las otras tres es rúbrica de la Constitución.
CAPÍTULO SEGUNDO De la elaboración de las leyes
«Como norma fundamental del Estado», y se lo manda «a todos los españoles, particulares y autoridades». «Norma suprema» o «ley fundamental» suenan parecido, pero no son las palabras de la fórmula.
MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.
El pie dice «Palacio de las Cortes, a veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho», y debajo firma el Rey. Ni el Palacio Real ni otra fecha aparecen en el texto.
PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.
«De los derechos y deberes fundamentales». «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» es la rúbrica de la sección 1.ª de su capítulo segundo, no la del título.
TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales
Hasta las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución, y con todos sus efectos. Las elecciones generales no son el hito, ni lo es una ley de régimen local o la disolución de los organismos provisionales, que regula otra transitoria, la séptima.
se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
La decisión del Órgano Foral competente tiene que ratificarse en un referéndum convocado al efecto y aprobarse por mayoría de los votos válidos emitidos, no del censo. La disposición no pide una ley orgánica ni el acuerdo del Consejo General Vasco.
que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
Tres años, según la letra c) de la disposición transitoria séptima. Los cinco años tientan porque son los del artículo 148.2 para ampliar competencias, que es otra cosa.
c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
Las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. La disposición no menciona el sufragio, la emancipación ni la responsabilidad penal: su única salvedad es la foral.
La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.
A Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y solo en lo que pudiera afectarles. Navarra no aparece en la disposición derogatoria; la Constitución la nombra en la transitoria cuarta, y para otra cosa: su posible incorporación al régimen autonómico vasco.
se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Los derechos históricos de los territorios forales, que la Constitución ampara y respeta. Las Audiencias Territoriales tienen su propia adicional, la cuarta; el concejo abierto es cosa del artículo 140, y Ceuta y Melilla aparecen en las transitorias, no en las adicionales.
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
Los que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto y contasen con régimen provisional de autonomía: el plebiscito es lo que los distingue. Ni los derechos forales, ni la insularidad, ni la lengua aparecen en esa disposición.
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía
Al principio del título I, antes de su capítulo primero: tras la rúbrica del título viene directamente el artículo 10, y el capítulo primero, «De los españoles y los extranjeros», empieza en el 11. El título preliminar termina en el artículo 9.
TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales Artículo 10
«La Nación española», en uso de su soberanía. El pueblo español y las Cortes también salen en el preámbulo, pero en su última frase y con otro papel; y el Rey firma la fórmula que encabeza y cierra el texto. Ninguno de los tres es quien proclama esa voluntad.
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de
Por sorteo, según la disposición transitoria novena, entre grupos de cuatro de la misma procedencia electiva; a estos efectos, los dos del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial contaban como un grupo. Ni la antigüedad ni la edad ni una votación del Pleno decidían.
se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse.
A sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. La transitoria quinta no prevé un referéndum de los vecinos ni deja la decisión al Gobierno o a quienes las representan en las Cortes.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros
«Para asegurar a todos una digna calidad de vida». La igualdad real y efectiva es la que el artículo 9.2 encarga promover a los poderes públicos, y el pleno empleo, la política del 40.1: son otros textos con otras palabras. El preámbulo no habla de generaciones futuras.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
El mismo día de su publicación oficial, sin plazo de espera: lo dice la propia disposición final. Ni la ratificación en referéndum ni la sanción del Rey marcan su entrada en vigor.
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado.
Mantener las que ya existen, distribuyendo las competencias entre ellas, de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este. La disposición adicional cuarta no habla de fusionarlas, suprimirlas ni crear otras.
los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas
Un informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Es un informe, no un acuerdo: la Constitución no exige que la Comunidad consienta ni lo ratifique su Parlamento, y no da ningún papel al Senado.
La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.