Las leyes, la delegación legislativa y el decreto-ley

El 82.6 permite «fórmulas adicionales de control» en cada ley de delegación, siempre «sin perjuicio» de los Tribunales: se suman a su control, no lo sustituyen.

Mayoría absoluta del Congreso, la misma que para aprobarla, en votación final sobre el conjunto del proyecto. El 81.2 no exige esa mayoría a cada Cámara.

El 86.3 permite tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, y dentro del mismo plazo, no después.

El 86.2 deja al Reglamento «un procedimiento especial y sumario». La urgencia es la del 86.3, cuando se tramita como proyecto de ley.

Las leyes de bases «no podrán en ningún caso» autorizar la modificación de la propia ley de bases: no hay mayoría ni plazo que lo salve.

El 86.1 nombra cuatro límites: las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general. Las otras tres no figuran en esa lista.

El 82.1 habla de «normas con rango de ley»: el Gobierno las dicta, pero valen como ley. Rango orgánico no pueden tener, porque las materias del 81 no se delegan.

El Gobierno «está facultado para oponerse» a la proposición o enmienda contraria a la delegación vigente, sin que el 84 le pida dictamen alguno ni distinga el tipo de delegación. Y cabe una proposición de ley que derogue, total o parcialmente, la ley de delegación.

Se exige «en una votación final sobre el conjunto del proyecto», no artículo por artículo ni en la toma en consideración.

Ha de «pronunciarse expresamente» sobre la convalidación o la derogación. No hay convalidación por silencio, y tramitarlo como ley es una opción aparte (86.3).

El 83 les veda autorizar su propia modificación y facultar para dictar normas retroactivas. Las otras tres son justo lo que el 82 les encomienda o les permite.

El 82.1 limita la delegación a materias «no incluidas en el artículo anterior», que son las de ley orgánica. Ni una ley de bases ni la urgencia lo cambian: la urgencia es el presupuesto del decreto-ley (86.1).

Son «disposiciones legislativas provisionales». Delegada es la legislación del decreto legislativo (85), y reglamentarias no son: el 86.1 las llama legislativas.

Sí: el 82 lo permite con delegación expresa, para materia concreta y con plazo fijado. Lo que no cabe es entenderla «concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado».

El 81.1 dice «el régimen electoral general». La misma idea vuelve en el 86.1, que veda al decreto-ley el «Derecho electoral general».

El presupuesto es la «extraordinaria y urgente necesidad», haya o no Cámaras reunidas. Que una ley lo autorice es lo propio del decreto legislativo (82).

Se agota «por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente». No hay aprobación ni convalidación posterior: la convalidación es la de los decretos-leyes (86.2).

El 81.1 cierra su lista con «las demás previstas en la Constitución»: son orgánicas las que la propia Constitución reserva a ese rango en otros artículos. Ni la urgencia ni la sesión conjunta cambian el rango de una ley.

El 81.1 reserva a ley orgánica el desarrollo de «los derechos fundamentales y de las libertades públicas», no todo el Título I ni sus principios rectores. Es el mismo nombre que lleva la Sección primera del Capítulo segundo.

Legislación delegada: Decretos Legislativos (85). El decreto-ley es la norma provisional por urgencia del 86, y la «ley de delegación» es la que dictan las Cortes para delegar.