Los españoles, los extranjeros y la igualdad

Los ratificados por España sobre las mismas materias. El texto dice «ratificados»: no basta con que España los haya firmado. Ni la Asamblea General de las Naciones Unidas ni la Unión Europea aparecen en el 10.2.

Dieciocho años, fijados por la propia Constitución y no por remisión a la ley.

Del orden político y de la paz social. El 10.1 no los hace fundamento del ordenamiento jurídico, de la soberanía nacional ni de la seguridad o el orden público.

A criterios de reciprocidad. El 13.2 no pide residencia, integración ni vecindad: no menciona ninguna de las tres.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la única que se nombra. Ni el Convenio Europeo, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, ni la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aparecen por su nombre en el 10.2.

La garantía del 11.2 es para el español de origen. El texto no la extiende a todo español, ni la hace depender de que resida en España o de que no tenga otra nacionalidad.

Solo en cumplimiento de un tratado o de la ley. Un tratado basta, pero no es imprescindible: la ley también sirve. Sin uno de los dos, el Gobierno no puede concederla.

El 11.1 remite a «la ley», sin pedir ley orgánica. Los tratados aparecen en el 11.3, para la doble nacionalidad, no en la regla general sobre cómo se adquiere, se conserva y se pierde.

Sí. El 11.3 lo permite «aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco», y no lo condiciona a que haya un tratado de doble nacionalidad.

Del 23: participar en los asuntos públicos y acceder a las funciones y cargos públicos. Es el único artículo que nombra el 13.2.

El artículo 14 nombra el nacimiento, la raza, el sexo, la religión y la opinión. La edad no está entre los motivos que nombra.

Solo a la ley: el 13.4 no menciona los tratados ni deja esos términos al Gobierno.

Por tratado o ley: el 13.2 admite las dos vías. No bastan un reglamento, una resolución de las Cortes ni un acuerdo de la Junta Electoral.

El 10.1 nombra «el respeto a la ley y a los derechos de los demás». No habla de la Constitución, de las instituciones ni de los símbolos del Estado, ni de la autoridad o el orden público.

Con los iberoamericanos y con «aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España». La reciprocidad no es requisito para concertar esos tratados, y el 11.3 no menciona ni la Unión Europea ni la lengua.

El 14 empieza «Los españoles son iguales ante la ley». Su letra no habla de «todas las personas» ni de «los ciudadanos», ni liga la igualdad a la mayoría de edad.

El activo y el pasivo, y solo en las elecciones municipales. El texto vigente dice «activo y pasivo»: votar y también ser elegido. Las elecciones autonómicas no entran en la excepción.

El pluralismo político no está en la enumeración del 10.1; las otras tres opciones sí lo están.