Capítulo III del título VIII: el acceso a la autonomía, los Estatutos, las competencias, el control y la financiación de las Comunidades Autónomas.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 152 preguntas que contiene en total.
En materias de competencia estatal: por esta vía la Comunidad dicta, para sí misma, normas legislativas en lo que es del Estado.
Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir
«De acuerdo con la ordenación general de la economía». La fórmula «dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional» es la del fomento del desarrollo económico (148.1.13.ª): están cerca y se confunden.
La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
«Por motivos de interés nacional». El «interés general de España» es la fórmula del 155, y la solidaridad entre territorios, la del 138 y el 158.
por motivos de interés nacional
Obtención, expedición y homologación. La convalidación, el registro y las tasas no aparecen en el 149.1.30.ª.
Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
La de sus edificios e instalaciones. La seguridad pública, en general, es del Estado (149.1.29.ª).
La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
Los de interés general, en la 20.ª, con la marina mercante y el control del espacio aéreo. El tráfico internacional o la ubicación no son el criterio del texto.
puertos de interés general; aeropuertos de interés general
La ordenación del sector, en lo que se atribuya a las Comunidades. Las demás opciones no figuran en el 149.1.19.ª.
Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
Al Estado. Lo no reservado al Estado solo es de una Comunidad si su Estatuto lo asume.
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado
Un Delegado nombrado por el Gobierno: no lo nombra el Rey ni lo elige la Asamblea autonómica, y no es el Presidente de la Comunidad. Dirige la Administración del Estado en ese territorio y la coordina, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
El de interés de la Comunidad Autónoma (148.1.16.ª), no todo el de su territorio. La defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación es del Estado (149.1.28.ª), y lo de titularidad estatal no pasa a la Comunidad por esta materia.
Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
Las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. El nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales es un criterio de la asignación del 158.1.
La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
El comercio exterior, junto al régimen aduanero y arancelario (149.1.10.ª). El 149.1 no nombra el comercio interior —las ferias interiores son del 148.1.12.ª— ni el de primera necesidad, y el criterio de más de una Comunidad es el de los ferrocarriles o las obras públicas (21.ª y 24.ª), no el del comercio.
Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
Defensa y Fuerzas Armadas es la 4.ª del 149.1. La caza y la acuicultura, la adecuada utilización del ocio y las ferias interiores están en el 148.1 (11.ª, 19.ª y 12.ª).
Defensa y Fuerzas Armadas.
Las necesarias especialidades que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades. Fuera de esa salvedad, la legislación procesal es del Estado.
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Ante la Asamblea que elige al Presidente. Que el Rey lo nombre no lo hace responsable ante él.
El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Puertos de refugio, deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. El tráfico, la titularidad o la bandera de los buques no son el criterio del 148.1.
Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
Es la puerta para una sola provincia que no reúne las condiciones del 143.1. El 144 no habla de fundir Comunidades ya constituidas, ni de disolverlas, ni de ampliar sus competencias.
Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
Los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico: no son derecho ajeno al Estado ni un reglamento.
el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Ley orgánica (144). No basta una ley ordinaria, y no es un acuerdo de las Cámaras, ni de las dos ni del Senado solo.
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán
Normas adicionales de protección: añadir a la legislación básica estatal, no sustituirla ni dejarla sin efecto.
Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
La exportación y la expoliación. El patrimonio monumental de interés de la Comunidad figura entre las materias del 148.1.16.ª.
Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación
La transferencia de medios financieros que corresponda, en cada caso. El plazo o la aceptación por la Comunidad no los exige el 150.2.
La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
Su constitucionalidad la controla el Tribunal Constitucional (153.a). Ni el Tribunal Supremo, ni la jurisdicción contencioso-administrativa, ni el Gobierno tienen ese control.
Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
Lo sanciona y lo promulga como ley (151.2.4.º): las dos cosas, como con las demás leyes (91). El referéndum en las provincias va antes del voto de ratificación de las Cortes, y el texto no vuelve a la Asamblea.
Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
La autorización para convocarlas, en la 32.ª, la última de la lista del 149.1.
Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.