El Poder Judicial

No, y tampoco a un sindicato, mientras esté en activo. El 127.1 no distingue entre afiliarse y dirigir ni abre excepciones legales: lo que deja a la ley es la asociación profesional.

La salvedad son las garantías constitucionales, que corresponden al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España.

Predominantemente oral, y sobre todo en materia criminal. No es íntegramente oral en ninguna materia, ni la Constitución destaca la laboral: el adverbio y la materia son los dos incisos que se examinan.

«Únicamente al imperio de la ley»: el 117.1 no añade nada más. Ni el Consejo General, ni el Tribunal Supremo, ni el Gobierno pueden decirles cómo juzgar.

Entre abogados y otros juristas: la propuesta de las Cámaras no se abre a cualquier funcionario ni a quien no sea jurista, ni se ciñe a los propios Diputados o Senadores.

El 117.1 los llama independientes, inamovibles y responsables. La imparcialidad no es una de las notas que les atribuye ese apartado.

Entre los de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. La Constitución no los reserva al Tribunal Supremo, a las categorías superiores ni a los Presidentes de los Tribunales Superiores.

Lo propone el Gobierno y lo nombra el Rey; al Consejo General del Poder Judicial solo se le oye. La opción tentadora invierte los papeles: quien propone es el Gobierno y a quien se oye, el Consejo.

El 117.4 solo admite, además de la jurisdiccional, las funciones que la ley les atribuya expresamente en garantía de cualquier derecho. No las abre a una delegación del Consejo General ni a los estados excepcionales.

Depende a la vez de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en los términos que la ley establezca. El 126 no nombra al Ministerio del Interior ni al Consejo General del Poder Judicial.

Tres quintos de los miembros de cada Cámara, «en ambos casos». Ni la absoluta ni los dos tercios, y no hay segunda votación con mayoría menor: se cuenta sobre los miembros, no sobre los presentes.

El orden es el que suele invertirse: emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Ni el Estado ni las Cortes Generales aparecen en el 117.1 como origen de la justicia.

El órgano de gobierno del poder judicial: es lo primero que dice el 122.2. No representa a los Jueces, no asesora al Gobierno, y el órgano jurisdiccional superior es el Tribunal Supremo (123.1).

Por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial. El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia (124.1), pero no la administra; y el Consejo General del Poder Judicial no juzga.

«Siempre», sin excepción ni remisión a la ley: no depende de que la pidan las partes ni se exceptúan los procedimientos sumarios.

La legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. El 124.1 no nombra el interés del Estado, el orden público ni la seguridad pública. Garantizar la seguridad ciudadana es la misión que el 104.1 da a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

En los procesos penales que la ley determine, y en la forma que ella fije. La Constitución no lo extiende a los civiles, no lo impone para una clase de delitos ni lo deja a elección del acusado.

Cuatro y cuatro: el 122.3 da a las dos Cámaras el mismo peso. Ni el Congreso propone más que el Senado ni son tres ni ocho por Cámara.

Dos supuestos: los que disponga la ley y, siempre, el de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar. No es gratuita para todos ni la concede el Juez caso por caso, y el 119 no la ciñe a ningún orden jurisdiccional.

Ejercer la acción popular. Proponer miembros del Consejo General no es cosa de los ciudadanos (122.3), y la Constitución no prevé que se elija a los Jueces por sufragio ni que se les recuse sin causa.