La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

El informe anual lo aprueba la propia Autoridad (art. 40.ñ) y lo remite a tres destinatarios: el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Defensor del Pueblo. No va a las Cortes Generales, que son el destino de otro informe de la ley, ni al Ministerio Fiscal.

El art. 40.c) le permite investigar, de oficio o a instancia de terceros, las situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia, pero deja a salvo las que son infracción penal: en cuanto lo aprecia, debe cesar en la investigación y remitir el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial (y, en su caso, a la jurisdicción militar). No la termina antes de remitir, no la deja en suspenso a la espera de la sentencia ni la sigue para el órgano sancionador.

El art. 40.b) hace de la mediación o la conciliación de la Autoridad un sustitutivo de los recursos administrativos: ocupa el lugar del recurso de alzada y, en su caso, del de reposición, con la cobertura del art. 112.2 de la Ley 39/2015, que permite a una ley sustituirlos por otros procedimientos. No suspende el plazo de un recurso ni es un trámite previo a él, y no alcanza a la vía contencioso-administrativa, que es judicial.

Dictaminar los proyectos de disposiciones de carácter general que desarrollen la Ley 15/2022, y cualquier otro que afecte al derecho a la igualdad de trato, es la letra i) del art. 40. El recurso de inconstitucionalidad y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura son funciones del Defensor del Pueblo; y sancionar no figura entre sus funciones del art. 40: la letra e) le encarga interesar la actuación de la Administración del Estado para que lo haga.

El art. 44.3 obliga a las administraciones públicas y a los particulares a colaborar con la Autoridad cuando lo exija una investigación del art. 40.c), y a proporcionarle la información y los datos que pida en el plazo de diez días. Es la regla general: puede fijarse otro plazo, de forma motivada, cuando lo justifiquen la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso.

El art. 45 hace convivir a las dos instituciones: la Autoridad ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de sus equivalentes autonómicos, y puede celebrar con ellos convenios de colaboración para cooperar. No depende del Defensor del Pueblo ni le quita competencias, y su actuación no espera a que él le traslade una queja.

El art. 41.1 la define como una entidad de derecho público de las previstas en el art. 109 de la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia y autonomía funcional respecto de las administraciones públicas. No es un órgano del Ministerio, que no tendría personalidad propia, ni un consorcio, que también es entidad de derecho público pero lo crean varias Administraciones (art. 118.1 de la Ley 40/2015), ni una fundación del sector público: la Autoridad la crea la propia ley en el ámbito de la Administración del Estado (art. 40).

El art. 41.4 fija un mandato de cinco años y cierra la puerta a la renovación: quien lo cumple no puede ser nombrado para un segundo mandato. Ni los seis años ni la renovación por una vez están en la ley, en ninguna de sus combinaciones.