El derecho a la igualdad de trato y no discriminación: objeto y definiciones

El art. 6.6 deja fuera los supuestos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal. Por lo demás, la represalia cubre tanto el procedimiento administrativo como el proceso judicial, y no distingue según quién la cause ni el momento.

La ley reconoce a niños, niñas y adolescentes el derecho a recibir la información necesaria en un lenguaje claro y comprensible y en formatos accesibles, y en los territorios con lenguas cooficiales pueden recibirla en la lengua cooficial que elijan. La elección es suya: no la hacen sus representantes ni el organismo que les atiende.

Solo deja de ser discriminación la diferencia de trato que se justifica objetivamente por una finalidad legítima, y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. La libertad de empresa no basta, porque la ley obliga también a los particulares; el consentimiento no está entre las condiciones; y que la causa protegida concurra con otras razones no excluye la discriminación.

El derecho se reconoce a toda persona con independencia de su nacionalidad, de que sea menor o mayor de edad y de que disfrute o no de residencia legal. Ni la residencia propia ni la de sus progenitores condicionan la protección.

La lista nombra el estado serológico y la predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, junto a la enfermedad o condición de salud, la expresión de género y la situación socioeconómica. El estado civil, la afiliación sindical y la apariencia física no están nombrados, lo que no quiere decir que queden fuera: la lista acaba en «cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

El ámbito alcanza el acceso, la oferta y el suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda, que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar. Da igual que quien los ofrece sea público o privado, y la ley no pide que medie un precio: lo que deja fuera es lo que pertenece a la vida privada y familiar.

En la múltiple la persona es discriminada por dos o más causas, de manera simultánea o consecutiva. En la interseccional las causas concurren o interactúan y generan una forma específica de discriminación. Ninguna de las dos depende del ámbito en que se produce, y las dos piden más de una causa.

Se prefiere la interpretación que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos afectados por conductas discriminatorias o intolerantes. El mismo artículo dice que la ley fija los niveles mínimos de protección y que prevalece el régimen que mejor garantice la no discriminación.

Es segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o por cualquiera de las causas del art. 2.1, sin una justificación objetiva y razonable. Cuenta el efecto, no la intención, ni importa quién la adopte; y si hay una justificación objetiva y razonable, deja de serlo.

El art. 4.1 nombra, entre otras piezas de su lista, la denegación de ajustes razonables, las represalias y la inacción, la dejación de funciones o el incumplimiento de deberes. La acción positiva solo aparece en ella por su incumplimiento: adoptarla no vulnera el derecho, y lo que la ley reprocha es dejar de cumplir la que viene impuesta por una norma o un convenio.

La justificación del art. 4.2 no se hace una vez para el conjunto: la ley exige darla en relación con cada uno de los motivos. No hay un motivo principal que absorba a los demás, y la ley no impide motivarla cuando concurren varios.

Es discriminación por error: la que se funda en una apreciación incorrecta de las características de la persona discriminada. La de asociación pide otra cosa, que el trato venga de la relación con otra persona en quien concurre la causa; y aquí no hay un criterio aparentemente neutro, que es lo propio de la indirecta.

Hacen falta las dos cosas: atentar contra la dignidad de una persona o del grupo en que se integra y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Basta que sea el objetivo o la consecuencia, así que no hay que probar el propósito, y la definición no exige que la conducta se repita.

La ley lo dice expresamente: la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad se considera discriminación directa. No es indirecta, que parte de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros: la ley coloca la denegación del ajuste en la directa.

La ley pide tres rasgos a la vez: que la inducción sea concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. Si falta uno, no hay inducción en el sentido de la ley, por mucha difusión o insistencia que tenga.

La enfermedad es causa protegida, pero la ley admite tres clases de diferencias de trato: las que derivan del propio proceso de tratamiento, las de las limitaciones objetivas que imponga para ejercer determinadas actividades y las exigidas por razones de salud pública. Fuera de esas tres, la enfermedad no ampara ninguna, por mucho que la respalde un informe médico.

El art. 8 extiende la regla a la intolerancia: es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, por cualquiera de las causas de la ley. No la deja para la vía penal ni la limita a un grupo o a una causa.