La ejecución de los actos administrativos

«En cualquier caso», dice el 101.2, no puede imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal: un reglamento no basta. El órgano competente en materia de Hacienda aparece en el 98.2, pero para autorizar medios de pago, no para crear obligaciones.

La letra c) del 103.1 incluye los «actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona», siempre que lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que estas determinen. La multa coercitiva no está reservada a los actos personalísimos, que son los de las letras a) y b), y el artículo no la condiciona a que fracase antes la ejecución subsidiaria.

El 98.1.b) exceptúa de la ejecutividad inmediata la resolución sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, «incluido el potestativo de reposición». Que el recurso sea potestativo, que es la trampa, no la saca de la excepción; y la aprobación superior es otra salvedad del 98.1, la de la letra d), que aquí no se da.

La ejecución subsidiaria es para los actos que, por no ser personalísimos, puede realizar un sujeto distinto del obligado: la Administración los hace, por sí o por otros, a costa del obligado. La cantidad líquida va por apremio (101.1), y la autorización expresa de una ley la piden la multa coercitiva (103.1) y la compulsión sobre las personas (104.1), no el 102.

El 105 no admite a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Son esos dos requisitos, y no la firmeza del acto, una autorización judicial o la naturaleza del bien, los que la ley pone.

Sin una resolución previa que le sirva de fundamento jurídico no se inicia ninguna actuación material que limite derechos: es el título de la ejecución. La firmeza no se exige, porque los actos son, como regla, inmediatamente ejecutivos (98.1); y el consentimiento del titular o la autorización judicial son lo que pide el 100.3 para entrar en un domicilio.

El 100.2 manda elegir el menos restrictivo de la libertad individual, y el 100.1 exige respetar siempre el principio de proporcionalidad. Ni la rapidez ni el coste son el criterio, y la ley no manda seguir el orden en que enumera los medios.

El 100.1 enumera cuatro medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Ni la clausura ni la ocupación temporal figuran en la lista; y la sanción, que se confunde con la multa coercitiva, es cosa distinta: la multa coercitiva es independiente de ella y compatible (103.2).

La compulsión directa es para las obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, siempre con respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos constitucionales. Las personalísimas de hacer, que son la trampa, no están en el 104.1; la cantidad líquida va por apremio (101.1) y lo que puede hacer otro, por ejecución subsidiaria (102.1).

Si la prestación personalísima de hacer no se realiza, el obligado debe resarcir los daños y perjuicios, y su liquidación y cobro se hacen en vía administrativa, no ante el juez civil. La ejecución subsidiaria no encaja, porque solo cabe en actos no personalísimos (102.1).