Los términos y los plazos

El artículo 30.8 separa los dos planos: el calendario de cómputo dice qué días cuentan para los plazos, no qué días se trabaja. El funcionamiento de los centros, la jornada y los horarios se deciden por su lado, y la declaración de día inhábil no los determina por sí sola.

El registro electrónico admite escritos todos los días, pero para cumplir un plazo en días hábiles lo presentado en día inhábil cuenta como hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente: el lunes 15 a primera hora. La hora efectiva del domingo solo valdría si una norma permitiera la recepción en día inhábil, y no se traslada la misma hora al lunes.

Los días naturales son la excepción, y por eso hay que avisar de ella: las notificaciones tienen que decir que el plazo se cuenta así. No hay que motivarlo en cada acto, porque lo decide la ley y no el órgano, ni pedir la conformidad del interesado.

Hace falta un solo reloj, y la ley elige el de la sede electrónica de acceso, que además tiene que figurar de modo accesible y visible. La hora del ordenador del interesado, la de su firma o la del órgano destinatario no cuentan para el cómputo.

La ampliación del artículo 32 tiene por techo la mitad del plazo: uno de diez días puede llegar a quince. «Lo que dura el plazo» es el techo de otra ampliación, la del plazo máximo para resolver del artículo 23, y no hay que mezclarlas.

Se cuenta desde el día siguiente y sin sábados ni domingos: del viernes 12 al viernes 19 van seis días, y del lunes 22 al jueves 25, los cuatro restantes. El martes 23 sale de contar los sábados, como con la Ley 30/1992; el miércoles 24, de empezar el mismo día de la notificación; y el lunes 22, de contar días naturales (acabarían el domingo 21) y pasar al hábil siguiente.

El plazo por horas corre de hora en hora y de minuto en minuto desde el momento exacto de la notificación o publicación. «Desde el día siguiente» es la regla de los plazos por días (art. 30.3), no la de las horas; y la mera puesta a disposición todavía no es la notificación.

Bastan dos condiciones: que las circunstancias lo aconsejen y que no se perjudiquen derechos de tercero. No hace falta que consientan todos los interesados ni que lo autorice el superior, y la ampliación puede darse de oficio, sin petición ni causa de fuerza mayor.

La suspensión no tiene un plazo fijo: dura hasta que un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros decreta su fin, y entonces los plazos se reanudan, no vuelven a empezar. No caduca a los tres meses ni termina por una declaración autonómica o a medida que cada interesado se recupera.

El artículo 30.6 resuelve el desajuste de calendarios en las dos direcciones («o a la inversa»): basta con que el día sea inhábil en uno de los dos sitios para que lo sea en todo caso. No hay un cómputo distinto para cada parte ni hace falta que el interesado pruebe nada.

La disposición adicional novena engancha la suspensión a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia (art. 23 de la Ley 17/2015), que es un acuerdo del Consejo de Ministros: ese mismo acuerdo puede suspender los plazos. No lo prevé para la comunidad autónoma, la Delegación del Gobierno ni los alcaldes.

La urgencia reduce los plazos a la mitad, y las únicas salvedades que hace la ley son los de presentación de solicitudes y recursos. No exceptúa las alegaciones, la audiencia ni ningún otro plazo, y la fracción es la mitad, no un tercio.

El acuerdo de urgencia no se recurre por separado, ni en vía administrativa ni en la judicial: lo que se le reproche se hace valer al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento. Es la misma solución que da el artículo 32.3 a los acuerdos sobre la ampliación de plazos.

Febrero de 2027 no tiene día 29, así que el plazo expira el último día del mes, el domingo 28; como es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente, el lunes 1 de marzo. Quedarse en el domingo es olvidar la prórroga; adelantarlo al viernes 26 no lo prevé la ley; y el 29 de marzo añade un mes que el plazo no tiene.

El silencio se trata igual que una notificación: el plazo empieza el día siguiente a aquel en que se produce. No hay que esperar al certificado, que solo acredita el silencio, ni a una resolución tardía que puede no llegar nunca; y el propio día del silencio no cuenta.

El artículo 32.2 lista tres supuestos: los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, los que, sustanciándose en el interior, exigen algún trámite en el extranjero, y aquellos en que intervienen interesados residentes fuera de España. Cuenta la residencia, no la nacionalidad: un extranjero que vive en España no entra. La tramitación simplificada y los procedimientos de gravamen no figuran en la lista.

Los meses se cuentan de fecha a fecha: notificado un día 10, el plazo de un mes acaba el día 10 del mes siguiente. No se cuentan treinta días por mes, ni se acaba la víspera; y el último día del mes solo entra cuando en el mes de vencimiento no hay día equivalente.

Las dos cosas, la petición y la decisión, tienen que llegar antes de que venza el plazo, y un plazo vencido no se amplía «en ningún caso». Pedirla a tiempo no basta, y que la tardanza sea de la Administración tampoco lo salva: la ley no prevé esa excepción.

El artículo 29 obliga a las dos partes: a las autoridades y al personal competentes para tramitar los asuntos, y a los interesados en ellos. El distractor tentador es el que exime a los interesados, como si el plazo fuera solo una garantía frente a la Administración; el mismo artículo los nombra expresamente.

Calendario de cómputo solo lo fijan la Administración General del Estado y las comunidades autónomas (art. 30.7), y el autonómico comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio, que se rigen por él. Que cada ayuntamiento tenga sus fiestas no le da un calendario de cómputo propio.