La Administración General del Estado en el territorio y en el exterior

Lo hace a través de los Subdelegados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura le corresponde, y en esta materia actúa bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Las policías autonómicas y locales son de otras Administraciones: el Delegado no las dirige. En la provincia, quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el Subdelegado (75.b).

El artículo 69.1 prevé una Delegación en cada Comunidad Autónoma, tenga una provincia o varias, y no deja su existencia a decisión de nadie. Lo que depende de que la Comunidad sea pluriprovincial es el Subdelegado: obligatorio en cada provincia de esas Comunidades y potestativo en las uniprovinciales (69.4). La provincia es el ámbito del Subdelegado, no de la Delegación. Ceuta y Melilla tienen además su propio Delegado (disposición adicional segunda).

El artículo 73.1.b) 4.º obliga al Delegado a elevar ese informe al Gobierno con carácter anual, a través del titular del Ministerio que el texto nombra (el de Hacienda y Administraciones Públicas, denominación de 2015). Es una de sus competencias de información de la acción del Gobierno. La ley no prevé un informe semestral, bienal ni cuatrienal; lo que hace el Delegado de forma «regular y periódica», sin fijar plazo, es informar a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales (73.1.e) 1.º).

El artículo 73.4 permite al Delegado recabar de los titulares de los servicios territoriales toda la información sobre su actividad, estructuras, recursos humanos, inventarios o cualquier otro asunto que considere oportuno. Los distractores son competencias de otros: fijar los objetivos de los servicios no integrados es del órgano central del que dependen (71.3), las instrucciones técnicas son del Ministerio competente por razón de la materia (71.4), y sobre el nombramiento de sus titulares el Delegado solo emite un informe preceptivo (73.1.a) 3.º).

El artículo 75.d) da al Subdelegado dos verbos distintos según el servicio: dirige, en su caso, los servicios integrados, de acuerdo con las instrucciones del Delegado y de los Ministerios, y sobre los no integrados solo impulsa, supervisa e inspecciona. Dirigirlos es, por tanto, lo que hace con los integrados. Fijar los objetivos de los no integrados y controlar su ejecución es del órgano central del que dependen (71.3), y los criterios técnicos y operativos los pone el Ministerio competente por razón de la materia (71.4).

Ceuta y Melilla tienen cada una un Delegado del Gobierno que representa al Gobierno de la Nación (disposición adicional segunda, apartado 1), y lo que la ley dice de los Delegados en las Comunidades Autónomas se entiende dicho también de ellos (apartado 2), sin condiciones. La salvedad de las competencias estatutarias pertenece a otra regla, la de la disposición adicional tercera, que trata de las relaciones entre Administraciones.

Al Subdelegado lo nombra el Delegado del Gobierno de su Comunidad (artículo 74, y 73.1.a.2.º), del que depende de forma inmediata. El Real Decreto del Consejo de Ministros es el instrumento con que se nombra al Delegado (72.4): es la celda vecina de la misma tabla, y el error que se busca.

El artículo 76.1 manda fijar la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones por Real Decreto del Consejo de Ministros. La relación de puestos de trabajo tienta porque el mismo artículo la nombra, pero solo para determinar qué otros servicios y unidades dependen de la Secretaría General, no para fijar la estructura. Ni una Orden del Ministerio al que están adscritas ni una resolución del propio Delegado bastan para ello.

El segundo párrafo del artículo 69.4 exige Real Decreto y una justificación: la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas. En las pluriprovinciales el Subdelegado existe en cada provincia por mandato de la ley; en las uniprovinciales es una posibilidad. La Orden ministerial no basta, aunque la proponga el Delegado; y ni la Comunidad Autónoma ni el Delegado, con autorización o sin ella, pueden crear un órgano de la Administración General del Estado.

El artículo 71.2 distingue por el nivel de las unidades: si la organización contempla unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, va por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministerio del que dependen los servicios y del competente en estructuras organizativas; si solo afecta a órganos inferiores, basta una Orden conjunta. La Orden conjunta es, por tanto, la respuesta para el escalón de abajo, no para este. Un Ministerio en solitario no basta en ningún caso, y el Delegado no propone la organización de unos servicios que no dependen de él (71.3).

El artículo 70 deja a un reglamento la decisión de en qué islas hay Director Insular. La relación de puestos de trabajo aparece en la misma frase, pero para otra cosa: fija su nivel, no las islas. El Delegado nombra al Director Insular, pero no decide dónde existe el puesto, y la ley no hace depender su existencia de que en la isla haya o no Subdelegación.

La estructura se fija a propuesta del Ministerio al que están adscritas orgánicamente las Delegaciones, y el artículo 76.1 da la razón: «en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno» (69.3). El texto nombra al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que era el de adscripción en 2015. El Presidente del Gobierno es la dependencia orgánica del Delegado (72.3), no la de las Delegaciones, y el Ministerio competente por razón de la materia es la dependencia funcional del Delegado y el que da instrucciones técnicas a los servicios integrados (71.4), no el que propone la estructura.

En su isla, el Director Insular hace lo que el Subdelegado hace en su provincia: ejerce las competencias que la ley atribuye a los Subdelegados. No sube al escalón del Delegado, del que depende. La relación de puestos de trabajo fija otra cosa, su nivel, según el primer párrafo del mismo artículo 70.

El artículo 74 abre la cantera a los funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, pero solo del Subgrupo A1. Limitarla al Estado es el error de la tercera opción, que deja fuera a autonómicos y locales; añadir el A2, el de la primera. La cualificación y la experiencia sin exigir ser funcionario es la cantera de los Secretarios generales (64.3), no la del Subdelegado.

La excepción a la regla de la sede la acuerda el Consejo de Ministros, y el artículo 69.2 deja a salvo además lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. El Consejo de Gobierno autonómico solo sirve de referencia para fijar la localidad: no decide dónde se instala un órgano del Estado. Ni el Presidente del Gobierno, del que depende orgánicamente el Delegado (72.3), ni el propio Delegado tienen esa facultad.

Orgánicamente, el Delegado depende del Presidente del Gobierno. El Ministerio competente por razón de la materia es su dependencia funcional, la otra mitad de la misma frase: cambiarlas es el error que se busca. Del Ministerio del Interior depende funcionalmente solo cuando ejerce las competencias del Estado en seguridad ciudadana (73.3). El Consejo de Ministros lo nombra y lo separa (72.4), pero no es de quien depende. Y lo que está adscrito orgánicamente a un Ministerio es la Delegación, el órgano (69.3), no su titular.

El Delegado se nombra y se separa por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, y de nadie más: es coherente con que dependa orgánicamente de él (72.3). La fórmula «del titular del Ministerio o del Presidente» es la de otros nombramientos de la organización central, como el de los Directores generales (66.2), no la del Delegado. Ningún Ministro propone, y la ley no pide oír a la Comunidad Autónoma.

La adscripción orgánica del artículo 69.3 es de la Delegación, el órgano, no de su titular: el Delegado depende orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia (72.3). Las Subdelegaciones forman parte de la Delegación, pero lo que el 69.3 declara adscrito es la Delegación, y los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado o del Subdelegado (70). El Ministerio que nombra el 69.3 lleva la denominación de 2015 y cambia con cada estructura de Gobierno: lo que se pregunta es quién está adscrito, no a qué cartera.

El artículo 79.3 compone la Comisión de asistencia al Subdelegado con el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, integrados o no, que el Subdelegado considere oportuno. No entran todos los servicios integrados de oficio, ni solo los no integrados, ni los elige el Delegado. El Delegado preside la Comisión territorial de las Comunidades pluriprovinciales (79.1), no esta, y los Directores Insulares no figuran en su composición.

El artículo 73.2 atribuye a los Delegados la potestad sancionadora y la expropiatoria, además de cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. El artículo no menciona la potestad reglamentaria ni la tributaria, que son las que completan los distractores. Al Subdelegado le reconoce solo la sancionadora, con la misma cláusula de las demás que le confieran las normas (75.f).