El título I de la Ley 50/1997, del Gobierno: el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros, el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas, sus sesiones a distancia, los órganos de colaboración y apoyo —los Secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes— y el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 30 preguntas que contiene en total.
El artículo 8.4 declara reservadas las deliberaciones de la Comisión General. Secretas son las del Consejo de Ministros y las de las Comisiones Delegadas (arts. 5.3 y 6.5), los dos órganos colegiados del Gobierno.
Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas.
Según el artículo 6.1, la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas la acuerda el Consejo de Ministros mediante real decreto, y al Presidente le corresponde la propuesta. Es el reparto contrario al de los Departamentos Ministeriales, que crea el propio Presidente (art. 2.2.j). La Comisión General no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno (art. 8.4).
La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.
El artículo 8.1 integra la Comisión General con los Secretarios de Estado y los Subsecretarios y dice que «asistirá igualmente» el Abogado General del Estado, sin condición. Los demás altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario solo asisten si los convoca «el Presidente» por razón de la materia: es el caso, si tienen ese rango, del Interventor General o del Director del Gabinete del Presidente, que no asisten por derecho propio. Al Presidente del Consejo de Estado el artículo no lo nombra.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate.
La letra h) del artículo 5.1 atribuye al Consejo de Ministros aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno (disposición adicional segunda). Esa letra no pide que las Cortes autoricen o conozcan antes el reglamento, ni que lo delibere una Comisión Delegada: el único trámite previo que nombra es el dictamen.
Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado
El artículo 2.1 deja a salvo la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión: el Presidente dirige y coordina, pero cada Ministro sigue respondiendo de lo suyo. La presidencia del Consejo por el Rey (art. 62.g de la Constitución) es la salvedad de otra atribución del Presidente, la de convocar y presidir el Consejo de Ministros (art. 2.2.g), y la autonomía del Consejo de Estado la garantiza la disposición adicional segunda; ninguna de las dos es la salvedad de este apartado.
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión.
El artículo 1.2 compone el Gobierno con el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros, y en esa lista no están los Secretarios de Estado, ni siquiera los de la Presidencia: son órganos superiores de la Administración General del Estado (art. 7.1). Un Vicepresidente es miembro tenga o no Departamento, y el Ministro sin cartera es un Ministro, solo que sin Departamento (art. 4.2).
El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
La letra d) del artículo 5.1 da al Consejo de Ministros acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Las otras tres son atribuciones del Presidente del Gobierno: plantear la cuestión de confianza, aunque sea previa deliberación del Consejo, establecer el programa político del Gobierno e impartir instrucciones a los demás miembros (art. 2.2, letras d, b y m).
Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
La letra f) del artículo 5.1 da al Consejo de Ministros declarar los estados de alarma y de excepción. El de sitio no lo declara: propone al Congreso de los Diputados su declaración. Por eso las tres opciones que incluyen el estado de sitio son falsas.
Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
La disposición adicional tercera deja la decisión al Presidente del Gobierno, que debe tomarla motivadamente, y vale también para las Comisiones Delegadas. No la adopta el propio Consejo, ni su secretario, ni requiere intervención del Congreso.
el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos
La letra b) del artículo 4.1 da a los Ministros la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Las otras tres no caben tampoco por la letra c), porque la ley y la Constitución las atribuyen a otro órgano: aprobar los reales decretos-leyes y los legislativos y adoptar planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado son funciones del Consejo de Ministros (art. 5.1, letras c y j), y proponer al Rey el nombramiento y la separación de los Ministros es del Presidente (art. 2.2.k y art. 100 de la Constitución).
Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno. b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
La letra c) del artículo 2.2 atribuye al Presidente proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales previa deliberación del Consejo de Ministros. La autorización previa del Congreso es el requisito de otra propuesta del Presidente, la del referéndum consultivo (letra e); el dictamen del Consejo de Estado precede a los reglamentos ejecutivos (art. 5.1.h), y el refrendo del Presidente del Congreso es el de la disolución que sigue a una investidura fallida (art. 99.5 de la Constitución), no un trámite previo a la propuesta del Presidente del Gobierno.
Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
El artículo 4.2 dice que, si hay Ministros sin cartera, un real decreto determina el ámbito de sus competencias, su estructura administrativa y los medios materiales y personales que se les adscriben. La ley fija la forma: no basta un acuerdo del Consejo de Ministros, ni hace falta una ley, y una orden ministerial no tiene ese rango.
En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.
La disposición adicional segunda remite la organización, el funcionamiento y el régimen interior del Consejo de Estado a su Ley Orgánica y a su Reglamento, en garantía de la autonomía que le corresponde como supremo órgano consultivo del Gobierno. No es uno de los órganos de colaboración y apoyo que regula el título I, las directrices vinculantes del Consejo de Ministros son para los órganos de la Administración General del Estado (art. 5.1.j), y las instrucciones del Secretariado son para tramitar asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno (art. 9.4).
El Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno, se ajustará en su organización, funcionamiento y régimen interior, a lo dispuesto en su Ley Orgánica y en su Reglamento, en garantía de la autonomía que le corresponde.
La letra c) del artículo 6.4 les encarga resolver los asuntos que afecten a más de un Ministerio y no requieran ser elevados al Consejo de Ministros: hacen falta las dos condiciones. Un asunto de un solo Departamento no es materia de una Comisión Delegada por esta letra, y la ley no prevé que resuelvan por urgencia a reserva de ratificación.
Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
El artículo 7.1 los define como órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad de un Departamento o de la Presidencia. No son miembros del Gobierno (art. 1.2), aunque puedan asistir al Consejo de Ministros (art. 5.2); los órganos de apoyo político y técnico son los Gabinetes (art. 10.1).
Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado
La letra d) del artículo 9.1 da al Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de sus reuniones. Con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas solo colabora (letra c), y la Comisión General y el Gabinete de la Presidencia no tienen esa función.
El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
El artículo 8.2 da la presidencia de la Comisión General a un Vicepresidente del Gobierno y, solo en su defecto, al Ministro que el propio artículo nombra. El Presidente del Gobierno preside el Consejo de Ministros, no esta Comisión; ningún Secretario de Estado la preside, y el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos solo entra en caso de ausencia de quien la preside, no en primer término.
La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
La letra i) del artículo 5.1 pone entre las funciones del Consejo de Ministros crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. Al Presidente le corresponde crear los Departamentos y las Secretarías de Estado (art. 2.2.j), no sus órganos directivos; el Ministro no tiene esa función en el artículo 4.1, y una Comisión Delegada no la tiene atribuida.
Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
El artículo 10.1 prohíbe a los miembros de los Gabinetes adoptar en ningún caso actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración, y solo permite a sus directores dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. La prohibición no se salva por delegación: lo que se dicta por delegación se considera dictado por el órgano delegante (art. 9.4 de la Ley 40/2015), así que seguiría siendo un acto de ese órgano, que el «en ningún caso» veda; y el artículo 20.1.b de la Ley 50/1997 no pone a los Gabinetes entre aquellos en quienes puede delegar el Ministro. Tampoco lo salva un encargo del Consejo de Ministros, ni la prohibición distingue los actos de trámite.
Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.
El artículo 8.6 permite a la Comisión General celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electrónicos siempre que los participantes estén en territorio español y quede acreditada su identidad. La situación excepcional de crisis es la condición de las sesiones a distancia del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas (disposición adicional tercera), no de esta Comisión; y la ley no pide ni una mayoría ni una autorización del Consejo.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios podrá celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.
La letra j) del artículo 2.2, tras atribuir al Presidente crear, modificar y suprimir por real decreto los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado, le encarga también aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Las Comisiones Delegadas se configuran en el real decreto de su creación, que acuerda el Consejo de Ministros (art. 6), y el Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica de un Ministerio, como prevea el real decreto de estructura de ese Ministerio (art. 9.3).
Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
El artículo 6.5 declara secretas las deliberaciones de las Comisiones Delegadas, igual que las del Consejo de Ministros (art. 5.3). Reservadas son las de otro órgano, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8.4).
Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.
La letra a) del artículo 8.5 exceptúa del examen de la Comisión General los nombramientos, los ceses, los ascensos a los empleos de la categoría de oficiales generales y los asuntos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ir directamente al Consejo de Ministros. Los anteproyectos, los proyectos de real decreto y los acuerdos sobre tratados no están en esa lista, así que pasan por ella.
Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
El artículo 10.3 encarga al Consejo de Ministros fijar las retribuciones de los miembros de los Gabinetes, dentro de las consignaciones presupuestarias y adecuándolas a las de la Administración General del Estado. No las fija el cargo al que sirve el Gabinete ni su director, y la Comisión General no adopta decisiones por delegación del Gobierno (art. 8.4).
Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto
La letra l) del artículo 2.2 pone entre las atribuciones del Presidente del Gobierno resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. La ley se los da expresamente a él: no están entre las funciones del Consejo de Ministros (art. 5.1), y la letra c) del artículo 6.4, que deja a las Comisiones Delegadas resolver asuntos que afectan a más de un Ministerio, no desplaza esta atribución específica. El artículo 61.j de la Ley 40/2015 lo confirma desde el otro lado: el Ministro solo resuelve los conflictos de atribuciones que le correspondan y plantea los que procedan con otros Ministerios. El Consejo de Estado es un órgano consultivo (disposición adicional segunda).
En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno: a) Representar al Gobierno. b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución. h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros. l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.