La planta y la organización territorial de los tribunales

El art. 27.2 las designa por numeración cardinal —uno, dos, tres…— y la cuenta va dentro de cada Sección, no corre por todo el Tribunal. La numeración ordinal —primera, segunda…— es la de otra cosa: las Secciones en que se dividen las Salas de los Tribunales cuando hay dos o más (art. 27.1).

El art. 37 separa a quien pone los medios de quien dice qué falta. Los provee el Ministerio de Justicia o, donde tenga competencias en materia de justicia, el órgano competente de la comunidad autónoma (art. 37.1); para ello, el Consejo General del Poder Judicial les remite cada año una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes (art. 37.2). El Consejo no provee medios, y la relación no la mandan las Salas de Gobierno.

La lista del art. 26 es cerrada y en ella no hay juzgados: la primera instancia la forman los Tribunales de Instancia, que se organizan en Secciones (art. 84.2), y las causas por delito que la ley determine las enjuicia la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (art. 90.3). Los «Juzgados de lo Penal» no son ninguna de las siete clases de tribunales del art. 26; los Tribunales de Instancia, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, sí.

El art. 32.1 pone dos condiciones a los municipios que forman el partido: que sean limítrofes y que pertenezcan a una misma provincia. Compartir comunidad autónoma no basta: un partido no cruza la frontera provincial. Y no hacen falta dos: el partido puede estar formado por un solo municipio.

El art. 36 vale «siempre que no suponga alteración de la demarcación judicial»: si la creación toca la demarcación, esta vía ya no basta y hay que seguir la del art. 35. El artículo no exige ningún informe favorable, ni que la creación la pida la Sala de Gobierno.

El art. 29.1 manda revisar la planta al menos cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades. La revisión se hace con base en la evolución de las cargas de trabajo, la población y otros parámetros que se consideren relevantes. «Al menos» marca un mínimo: nada impide revisarla antes.

El art. 35.3 reparte el trabajo: el Ministerio de Justicia redacta la disposición a la vista de las propuestas autonómicas, y el Consejo General del Poder Judicial la informa en el plazo de dos meses. El Gobierno entra después: emitidos los informes, tramita el proyecto normativo (art. 35.4).

El art. 30 enumera cuatro unidades: municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. El municipio es la más pequeña y se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre (art. 31). Las comarcas no son una unidad de la organización territorial a efectos judiciales, y tampoco los distritos ni las mancomunidades.

El art. 35.6 deja la capitalidad de los partidos en manos de las comunidades autónomas, que la fijan por ley y previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Es una pieza aparte de la demarcación, cuya disposición redacta y tramita el Estado: qué municipio es la capital de cada partido lo decide la comunidad, no el Gobierno ni el Consejo.

El art. 35.5 fija un plazo de revisión, pero admite adelantarla «si las circunstancias lo aconsejan». Adelantada o no, la revisión se hace mediante ley elaborada por el mismo procedimiento que la demarcación: no se reserva a una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que interviene informando, ni pasa a hacerse por real decreto.

El art. 36 da la creación al Gobierno, que antes tiene que oír, con carácter preceptivo, a la comunidad autónoma afectada y al Consejo General del Poder Judicial. Oírlos es obligatorio, pero no son ellos quienes crean la Sección o la plaza. La ley de las Cortes es el instrumento de la planta (art. 29.1), pero el art. 36 no la pide para crear cada Sección o cada plaza.