Los principios, la relación electrónica y los canales de asistencia

El anexo define el sello electrónico por su finalidad: garantizar el origen y la integridad de los datos a los que se aneja. La firma comparte la estructura, pero son datos que el firmante utiliza para firmar; asignar fecha y hora es la marca de tiempo, e identificar una clave pública con su propietario es lo que hace el certificado electrónico.

El artículo 1 lo presenta como desarrollo de las dos leyes a la vez, la 39/2015 y la 40/2015, en lo que toca a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. Por eso trata tanto lo que se relaciona con los interesados (registros, notificaciones, representación) como lo que funciona dentro y entre Administraciones. No desarrolla la Ley 19/2013.

El artículo 2.f) define la personalización y proactividad como la capacidad de la Administración de partir de lo que sabe del usuario para darle servicios precumplimentados y anticiparse a sus necesidades. La interoperabilidad tienta porque esos datos pueden venir de otro sistema, pero ese principio trata de que los sistemas compartan datos entre sí, no de lo que se le ofrece a la persona; y la facilidad de uso es el diseño centrado en el usuario para que le baste con saber poco, no que la Administración use lo que ya sabe de él.

La disposición adicional primera obliga a quien participa en procesos selectivos de la Administración General del Estado, también en los de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, a presentar la solicitud y la documentación por medios electrónicos. No depende de la convocatoria ni de una opción de la persona: es una obligación propia de estos procesos, que solo rige en el ámbito estatal.

Las dos asignan por medios electrónicos una fecha a un documento electrónico; el sello de tiempo añade la intervención de un prestador de servicios que asegura la exactitud y la integridad de esa marca. Ninguna de las dos depende de que firme el titular del órgano ni del código seguro de verificación.

La cualificada es una avanzada que suma dos cosas: el dispositivo cualificado de creación de firmas y el certificado cualificado de firma, no una sola de ellas. Los requisitos del artículo 26 del Reglamento eIDAS son los que hacen avanzada a una firma, no cualificada.

El artículo 4 nombra el canal presencial en las oficinas de asistencia, los portales y sedes, las redes sociales, el teléfono y el correo electrónico, y deja abierta la puerta a cualquier otro. La videoconferencia o la mensajería podrían llegar por esa última cláusula, pero no las nombra; y el correo que nombra es el electrónico, no el postal.

El artículo 3.2 fija el quinto día hábil y lo cuenta desde que el órgano competente para tramitar el procedimiento tiene constancia de la comunicación, no desde que se presenta en un registro cualquiera. Rige igual si la comunicación se hace al inicio o en una fase posterior, y también para quien deja la vía electrónica que había elegido.

El segundo párrafo del artículo 3.3, que solo rige en el ámbito estatal, admite un real decreto acordado en Consejo de Ministros o, si la regulación no requiere ese rango, una orden de la persona titular del departamento competente. Una resolución de la Subsecretaría o del órgano que tramita tienta porque son órganos del mismo departamento, pero el reglamento pide una norma.

El artículo 4 obliga a prestar la asistencia necesaria, pero «a través de alguno o algunos» de los canales que enumera, no de todos: la Administración decide cuáles. La lista, además, es abierta, porque su última letra admite cualquier otro canal que se establezca.

El anexo define el Punto de Acceso General como un portal de internet que facilita el acceso a los servicios, trámites e información de toda una Administración y aglutina o conduce a sus sedes. Es un portal, aunque dispone de su propia sede; tampoco es un registro ni la dirección donde se reciben las notificaciones.