El régimen disciplinario de los empleados públicos

Las faltas leves las regulan las leyes de Función Pública que desarrollan el Estatuto, atendiendo a las mismas circunstancias que las graves. El Estatuto no las enumera, y los convenios colectivos solo entran en juego para el personal laboral.

El art. 94.2 enumera cinco principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable y retroactividad de lo favorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. La economía procesal aparece en el art. 98.2, entre los principios con que se estructura el procedimiento, no entre los de la potestad disciplinaria.

El art. 93.2 equipara al inductor con el autor: incurre en la misma responsabilidad que quien realiza la conducta. La condición de que la falta sea muy grave o grave y cause daño grave es la del encubrimiento (93.3), no la de la inducción.

La letra m) del art. 95.2 tipifica el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Las otras tres conductas no figuran en la lista; la huelga aparece además en la letra l), pero para castigar a quien coarta su libre ejercicio.

El art. 93.4 remite lo no previsto a la legislación laboral, que es la que rige la relación del personal laboral. Las leyes de Función Pública desarrollan el Estatuto (93.1), pero no son la norma supletoria del régimen del laboral.

La letra n) no castiga como muy grave cualquier incumplimiento, sino el que da lugar a una situación de incompatibilidad. «En todo caso» es el distractor tentador: omite justo esa condición. Ni la reiteración ni la retribución de la otra actividad figuran en el precepto.

Las sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año. Seis meses es el plazo de prescripción de la falta leve misma, no de su sanción: es la única cifra en que las dos escalas del art. 97.1 no coinciden.

El art. 94.3 manda suspender la tramitación y dar cuenta al Ministerio Fiscal: lo penal va delante. Continuar en paralelo es el distractor tentador, pero el expediente se detiene; tampoco se archiva, y los hechos que declare probados una resolución judicial firme vincularán después a la Administración.

Las faltas prescriben a los tres años, a los dos años y a los seis meses. La segunda opción es la escala de las sanciones, que coincide en muy graves y graves pero no en leves: la sanción por falta leve prescribe al año, la falta leve a los seis meses.

El art. 98.4 abona el tiempo de suspensión provisional para cumplir la firme: se descuenta, no se suma. Computarlo como servicio activo es lo que ocurre en el caso contrario, cuando la suspensión no llega a declararse firme.

El suspenso provisional conserva las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. No cobra las complementarias; si la suspensión no se convierte en sanción, la Administración le restituye después la diferencia (98.4).

El art. 97.2 cuenta la prescripción de las faltas desde que se cometieron y, si son continuadas, desde que cesa su comisión. El primer acto de la serie es el distractor tentador; el conocimiento de la Administración o la incoación no son el día inicial que fija el Estatuto.

El art. 96.2 manda readmitir al personal laboral fijo cuyo despido disciplinario por falta muy grave se declare improcedente. La opción entre readmitir o indemnizar es la regla general de la legislación laboral, pero aquí el Estatuto no deja elegir.

El art. 98.3 fija seis meses, y la única salvedad es que el procedimiento se paralice por causa del interesado. No prevé prórroga por resolución motivada. Seis años es otra cifra, la de la suspensión firme como sanción.

El principio tiene dos caras: irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables al presunto infractor. La irretroactividad absoluta es la mitad de la regla; el TREBEP no la condiciona ni a una petición ni al grado de la falta.

La única salvedad de la letra i) es que la orden constituya infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. El precepto no prevé otra: ni que la orden sea escrita y motivada, ni que venga del superior inmediato, ni que se refiera a tareas del propio puesto.

El plazo de las sanciones corre desde la firmeza de la resolución sancionadora (97.2). La fecha de comisión es el día inicial de la prescripción de la falta, no de la sanción; y una resolución que aún no es firme no lo pone en marcha.

El abandono del servicio es la letra c) del art. 95.2, junto con no hacerse cargo voluntariamente de las tareas encomendadas. Las otras tres conductas no están en esa lista: las faltas graves y las leves no las tipifica el Estatuto, sino las leyes que lo desarrollan o los convenios (95.3 y 95.4).

El art. 95.3 reserva las faltas graves a la ley, estatal o autonómica (y, para el personal laboral, a los convenios colectivos). El Estatuto solo enumera las muy graves (95.2); un reglamento no basta.

La suspensión provisional acordada durante un procedimiento judicial dura lo que la prisión provisional u otras medidas que impidan trabajar, y en ese caso, aunque exceda de seis meses, no supone pérdida del puesto. Perder el puesto a partir de seis meses es la regla general de la suspensión (art. 90.1), que este caso exceptúa.