Las situaciones administrativas

El art. 87.2 computa ese tiempo para las dos cosas, y además para trienios y derechos de Seguridad Social. Es lo contrario de la excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, en las que el tiempo no computa ni para ascensos ni para trienios (art. 89.2 y 89.3).

El puesto concreto se reserva al menos dos años; pasado ese tiempo, la reserva es a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Tres años es la duración máxima de la excedencia, y por eso tienta: la reserva del puesto concreto no tiene por qué cubrirla entera.

El art. 86.2 los somete a dos normas a la vez: el Estatuto y la normativa de función pública de la Administración donde prestan servicios. No es solo esta última, porque el Estatuto también se aplica, ni la de la Administración General del Estado si sirven en otra. El convenio colectivo rige al personal laboral (art. 92), no al funcionario.

Los transferidos se integran plenamente en la función pública de la comunidad autónoma y quedan en servicio activo en ella. Es la trampa clásica frente al servicio en otras Administraciones Públicas, que es la situación de quien obtiene destino por provisión (art. 88.1). Además, conservan todos sus derechos en la Administración de origen como si estuvieran en servicio activo.

El art. 89.6 remite a las condiciones de las víctimas de violencia de género o sexual: sin servicios previos, con reserva del puesto y retribuciones al principio. Hace falta el reconocimiento del Ministerio del Interior o una sentencia judicial firme, y alcanza también a los amenazados en los términos de la Ley 29/2011.

No superior a tres años por cada hijo, contados desde el nacimiento o desde la resolución judicial o administrativa. Dos años es otra cifra del mismo apartado: el tiempo mínimo durante el que se reserva el puesto, no la duración de la excedencia.

El art. 88.1 declara en servicio en otras Administraciones Públicas a quien obtiene destino en una Administración distinta por los procedimientos de provisión de puestos, y el concurso es uno de ellos. No son servicios especiales: esa situación es para los cargos del art. 87.1, no para un destino obtenido por provisión.

Cinco años inmediatamente anteriores, prestados en cualquier Administración Pública. Tres años es una cifra muy presente en el Estatuto (la duración máxima de la excedencia por cuidado de familiares), pero no es esta. Las excedencias por agrupación familiar y por violencia de género o sexual no exigen servicios previos.

No es automática: su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio, que hay que motivar. La junta de personal no tiene ese papel, y las cargas familiares son el supuesto de otras excedencias (cuidado de familiares, agrupación familiar), no de esta.

La agrupación familiar tiene los mismos efectos que el interés particular: sin retribuciones y sin cómputo para ascensos, trienios ni Seguridad Social. La celda tentadora es «sin sueldo, pero con trienios», que es lo que pasa en la excedencia por cuidado de familiares (art. 89.4), no en esta.

El art. 87.4 dice que la declaración «procederá en todo caso»: no es una decisión discrecional ni depende de que se pida. Solo la letra i) del art. 87.1 deja una opción al funcionario, la de seguir en servicio activo si es nombrado personal eventual.

El párrafo segundo del art. 89.2 deja que las leyes de Función Pública que desarrollan el Estatuto fijen un periodo menor, y les encarga también los periodos mínimos de permanencia en la excedencia, que el Estatuto no fija. No lo puede hacer un acuerdo de negociación: la remisión es a una ley.

El art. 89.5 permite prorrogar por tres meses, con un máximo de dieciocho, y con los mismos efectos que el periodo inicial. Seis es la cifra del periodo inicial de reserva, no la de cada prórroga.

La letra f) del art. 87.1 incluye los cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales. La misión en un organismo internacional también lleva a servicios especiales, pero solo si dura más de seis meses (letra b). El destino en otra Administración por concurso es servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88), y el cuidado de un familiar, excedencia (art. 89.4).

El mínimo del art. 87.3 combina dos cosas: la misma localidad y las retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. No garantiza el mismo puesto, ni que se sigan cobrando las retribuciones del cargo, que solo se perciben mientras se desempeña (art. 87.2).

La prohibición del art. 90.3 es completa: ninguna Administración Pública y ningún organismo público, agencia o entidad de derecho público dependiente o vinculada a ellas, mientras dure la pena o la sanción. No hay excepción para otra Administración ni para un contrato laboral.

La letra a) del art. 85.2 nombra la imposibilidad transitoria de asignar un puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal. Las otras tres ya tienen su situación en el propio Estatuto: el alto cargo pasa a servicios especiales (art. 87.1.a), el cuidado de un familiar da la excedencia del art. 89.4 y la sanción, la suspensión de funciones del art. 90.

El art. 91 remite al reglamento, que distinguirá según la situación de la que se venga, con respeto a la reserva del puesto cuando proceda. El Estatuto no fija esos plazos. Los convenios de Conferencia Sectorial aparecen en el art. 88.4, pero para reconocer la carrera de quien reingresa, no para regular el reingreso.

Para los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, el art. 87.1.e) exige que perciban retribuciones periódicas por la función. «En todo caso» es la trampa: borra justo la condición del artículo. Los seis meses son de otro supuesto, la misión en organismos internacionales de la letra b).

El art. 90.2 le da dos orígenes: una sentencia dictada en causa criminal o una sanción disciplinaria. La medida cautelar acordada durante un expediente es la suspensión provisional (art. 90.4), no la firme. Por sanción, la firme puede durar hasta seis años. Y la sanción no se reserva a las faltas muy graves: esa restricción es de la separación del servicio (art. 96.1.a).