Los principios rectores de la política social y económica

El derecho a la protección de la salud, con esas palabras. El 43.1 no habla de gratuidad, ni de un derecho a la salud física y mental, ni de un sistema público concreto.

Sí, pero no siempre: el deber de asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, dura su minoría de edad «y en los demás casos en que legalmente proceda». Por eso es falso que acabe con la mayoría de edad, y también que dure siempre; y el 39.3 no distingue entre hijos matrimoniales y no matrimoniales.

El comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales: es lo que el 51.3 remite a la ley. Las otras tres opciones no aparecen en ese apartado.

Oírlas en las cuestiones que puedan afectar a los consumidores y usuarios, en los términos que la ley establezca. El 51.2 manda fomentarlas, no someterlas a autorización, imponer la afiliación ni intervenir en su funcionamiento.

En las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. El 47 no fija precios del suelo, no encomienda a la comunidad la gestión de viviendas ni le da parte en los beneficios de las promotoras.

De las mujeres y los menores con discapacidad. Los mayores no aparecen en el 49.2: a la tercera edad la atiende el artículo 50.

De medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El 43.2 no habla de un sistema nacional gratuito, de conciertos ni de gestión privada.

Para todos los ciudadanos, dice el 41. La situación de necesidad es ante lo que el régimen garantiza prestaciones, no el límite de quién lo tiene; tampoco lo reduce a quien trabaja o ha cotizado.

La formación y readaptación profesionales. El mismo apartado añade que garantizarán el descanso necesario; la estabilidad en el puesto, los beneficios o la movilidad no figuran en él.

En condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas (49.1, en la redacción de 2024). La protección especial sale en el mismo apartado, pero no como la condición en que se ejercen los derechos, y la igualdad de oportunidades o los ajustes razonables no son la fórmula del 49.1.

Del interés general (44.2). El derecho a la producción y creación científica y técnica es del artículo 20.1.b), no el fin con que el 44.2 manda promover la investigación.

El 50 enumera cuatro: salud, vivienda, cultura y ocio. La movilidad no está entre ellos.

Facilitar su adecuada utilización. El verbo es más modesto que «garantizar»: el 43.3 no promete un disfrute universal del ocio.

La participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. El 49.2 no menciona la contratación, el voluntariado ni los centros especiales.

El 40.2 garantiza el descanso con tres medios: la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. La edad de jubilación no está entre ellos.

La protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. El 49.1 no prevé limitar sus derechos ni un estatuto aparte: las personas con discapacidad ejercen los derechos de este mismo Título, y lo que regula la ley es la protección.

Libres: el 41 deja libre lo que complementa al régimen público. Nada en el artículo las hace obligatorias ni públicas, ni las encomienda a las Comunidades Autónomas.

Una participación libre y eficaz. «Plena y efectiva» suena a texto constitucional, pero no es la fórmula del 48, y tampoco lo son sus cruces, «libre y efectiva» o «plena y eficaz».

Una distribución de la renta regional y personal más equitativa. La palabra del texto es «equitativa», no «igualitaria» ni «progresiva», y las dos dimensiones son la regional y la personal, no la familiar.

El desempleo: el 41 habla de situaciones de necesidad, «especialmente en caso de desempleo». Las pensiones de la tercera edad están en el artículo 50, no en este.