La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Frente al particular, el artículo 33.1 no admite matices: las Administraciones intervinientes responden «en todo caso, de forma solidaria». El instrumento regulador de la actuación conjunta puede distribuir la responsabilidad, pero ese reparto vale entre ellas, no frente a quien reclama: por eso es falso que cada una responda solo por su parte o por partes iguales.

El artículo 33.4 da a las restantes Administraciones implicadas quince días para exponer lo que consideren procedente. Las otras cifras son de plazos vecinos de la misma ley: diez días es la audiencia, y cinco, la propuesta y la resolución, del 36.4; tres días, los que tiene el superior para resolver la recusación (art. 24.4).

El artículo 36.1 manda a los particulares exigir directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por las autoridades y el personal a su servicio. El particular no se dirige al empleado, ni siquiera cuando hubo dolo, ni a los dos a la vez: es la Administración la que, después de indemnizar, se dirige contra su personal en los casos del artículo 36.2.

El artículo 36.5 dice que la resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa, así que no cabe alzada contra ella. La dicta el órgano competente (art. 36.4.e) y nadie la ratifica después. Tampoco espera a la vía penal: pasar el tanto de culpa a los tribunales, si procede, es algo que el artículo 36.6 deja a salvo, no una condición de la resolución.

Los tres caracteres del daño son que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Evaluable no quiere decir que supere un mínimo: la ley no fija ninguna cuantía. Tampoco exige ilegalidad, porque el funcionamiento normal del servicio también genera responsabilidad (art. 32.1), ni culpa del personal, que solo cuenta después, cuando la Administración se dirige contra quien causó el daño (art. 36).

Las alegaciones duran quince días, igual que la práctica de la prueba, y la audiencia, diez. Después vienen la propuesta de resolución, en cinco días desde que termina la audiencia, y la resolución, en otros cinco. La opción que invierte las dos cifras es la trampa: el plazo largo es el de las alegaciones, y el corto, el de la audiencia.

El artículo 34.2 permite tomar como referencia los baremos de la normativa vigente de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Con carácter general, la indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. La ley no remite a tablas propias de cada Administración ni a un dictamen o a un juicio civil previo.

El artículo 32.1 solo exceptúa dos casos: la fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. El caso fortuito no está en el precepto: solo la fuerza mayor rompe el derecho a ser indemnizado. Y que la Administración actuara conforme a Derecho tampoco lo excluye, porque la ley indemniza la lesión que nace del funcionamiento «normal o anormal» del servicio.

El artículo 36.2 exige dolo, o culpa o negligencia graves: la culpa leve no basta. Lo grave es la culpa o la negligencia, no el daño, aunque el resultado dañoso sea uno de los criterios para ponderar la responsabilidad. Y no hace falta una condena penal: la responsabilidad se exige de oficio en vía administrativa, previa instrucción del procedimiento.

Para los actos legislativos no expropiatorios, la indemnización depende de la propia ley: procede «cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen». Por eso no procede en todo caso: si el acto legislativo no la prevé, este párrafo no la concede. Ni el Consejo de Ministros ni un juez civil la reconocen por su cuenta.

El segundo párrafo del artículo 32.1 lo dice expresamente: la anulación de un acto no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Habrá que acreditar una lesión que reúna los requisitos de la ley. Y da igual quién anule: la regla vale igual para la anulación en vía administrativa que para la del orden contencioso-administrativo, así que haberla acordado un juez no cambia nada. Tampoco la excluye: la anulación ni concede ni niega la indemnización por sí sola.

El artículo 34.1 excluye los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica cuando se produjeron, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. La lesión indemnizable puede recaer en cualquiera de los bienes y derechos del particular (art. 32.1), puede causarla cualquier persona al servicio de la Administración (art. 36.1) y puede nacer de una actuación lícita, porque también el funcionamiento normal genera responsabilidad.

El artículo 37.2 sienta la regla contraria a la suspensión, con una salvedad: el procedimiento de responsabilidad patrimonial sigue, salvo que la determinación de los hechos en el orden penal sea necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial. Por eso es falso que siga aunque el orden penal deba fijar los hechos, y también que se suspenda siempre. Que la responsabilidad civil derivada del delito se exija según su legislación (art. 37.1) no archiva la reclamación ante la Administración.

El artículo 34.3 manda calcular la cuantía con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. La fecha en que se pone fin al procedimiento es el distractor tentador: hasta ella se actualiza la cuantía, pero el cálculo se hace a la fecha de la lesión. Ni la reclamación ni el pago fijan la referencia.

El artículo 33.3 manda primero a los Estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, a la Administración con mayor participación en la financiación del servicio. La intensidad de la intervención es un criterio del artículo 33.2, que sirve para repartir la responsabilidad en otros supuestos de concurrencia, no para decidir quién tramita. Ni el particular elige ni cuenta quién recibió antes la reclamación.