La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno, y su control

El artículo 23 fija dos fechas para el comienzo de la vigencia de las leyes y los reglamentos del Gobierno que impongan nuevas obligaciones a quien ejerce una actividad económica o profesional: el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, con las salvedades que el propio artículo prevé. Los distractores cruzan esas fechas con el 1 de enero y el 2 de julio, que no figuran en la ley.

El artículo 26.6 solo permite omitir la audiencia e información públicas por graves razones de interés público, y la declara inaplicable a las disposiciones presupuestarias y a las que regulan los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a ellas. No tener un impacto significativo en la actividad económica permite prescindir de otro trámite, la consulta pública (art. 26.2.c), no de la audiencia; y las normas que trasponen directivas o imponen obligaciones a quien ejerce una actividad económica no están exceptuadas.

El artículo 26.5 dice que, en todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los de disposiciones reglamentarias deben ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en ciertos casos —el artículo 5.1.h) lo exige para los reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes—, pero el 26.7 lo pide cuando fuera preceptivo o se considere conveniente, no «en todo caso». La aprobación previa en materia organizativa y el informe sobre la distribución de competencias, del mismo 26.5, solo se piden cuando la norma afecta a esas materias.

El artículo 27.2.c) dice que, en la tramitación urgente, la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impide continuar el procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba. No lo suspende, no equivale a un informe favorable y no exige un acuerdo del Consejo de Ministros para seguir.

El artículo 25.3 no impide elevar una propuesta que no estaba en el Plan Anual Normativo: exige justificar ese hecho en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La ley no prevé modificar antes el Plan, ni una autorización de la Comisión General, ni un dictamen del Consejo de Estado por esa sola razón.

El último párrafo del artículo 26.2 exige dar un tiempo suficiente para la consulta pública, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. Los quince días hábiles son el mínimo de otro trámite, la audiencia e información públicas sobre el texto (art. 26.6): la unidad cambia de un trámite a otro, y es lo que se pregunta.

El artículo 26.6 fija para la audiencia e información públicas un plazo mínimo de 15 días hábiles, y permite reducirlo hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas lo justifiquen, dejando constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Los quince días hábiles son el mínimo ordinario, no el reducido.

El artículo 28.1 manda al Consejo de Ministros aprobar antes del 30 de abril de cada año el informe anual de evaluación, que refleja el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior y las iniciativas adoptadas que no estaban incluidas en él. Las demás fechas no figuran en la ley.

La letra c) del artículo 24.1 da la forma de real decreto acordado en Consejo de Ministros a las decisiones que aprueban normas reglamentarias de su competencia. El acuerdo del Consejo de Ministros es la forma de sus decisiones que no deban adoptar la de real decreto (letra d); el real decreto del Presidente, la de las disposiciones y actos que se le atribuyen a él (letra b), y la orden del Ministro de la Presidencia, la de las disposiciones de los Ministros que afectan a varios Departamentos (letra f).

El artículo 26.5 da a los informes preceptivos un plazo de diez días, salvo que una norma disponga otra cosa, y de un mes cuando el informe se solicita a otra Administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía. Los diez días son el plazo general, no el de otra Administración.

El artículo 29.3 hace impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades que regula la ley, conforme a su ley reguladora. La vía de hecho del Gobierno solo llega al Tribunal Constitucional en amparo y después de agotar la vía judicial (art. 43.1 LOTC; art. 29.4); el cauce que fija el art. 29.3 es el contencioso-administrativo, no el orden civil, el social ni el penal.

El segundo párrafo del artículo 23 excluye por su clase a los reales decretos-leyes. Los reales decretos legislativos, los reales decretos y las órdenes ministeriales solo quedan fuera cuando lo aconsejen el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas, y entonces ese hecho tiene que quedar acreditado en la Memoria: no basta su clase.

El artículo 27.1 atribuye al Consejo de Ministros el acuerdo de tramitación urgente, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa, cuando lo exija la transposición de directivas en plazo o concurran otras circunstancias extraordinarias que no se pudieron prever. La ley no da esa facultad al Presidente del Gobierno, a una Comisión Delegada ni al Ministro de la Presidencia.

El artículo 29.2 somete «todos los actos y omisiones del Gobierno» al control político de las Cortes Generales, sin dejar fuera las omisiones, los actos administrativos ni los que tienen rango de ley. Que los actos administrativos sean además impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 29.3) no los saca del control político.

El artículo 27.2.a) dice que la tramitación por vía de urgencia reduce a la mitad de su duración los plazos de los trámites del procedimiento de elaboración, estén establecidos en la Ley 50/1997 o en otra norma. Ni la tercera ni la cuarta parte ni los dos tercios figuran en la ley.

El artículo 24.1 enumera las formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros: reales decretos legislativos y reales decretos-leyes, reales decretos del Presidente, reales decretos acordados en Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas y órdenes ministeriales. Lo que adopta el Presidente reviste la forma de real decreto (letra b); la orden es la forma de las disposiciones y resoluciones de los Ministros (letra f), no del Presidente.

La letra e) del artículo 24.1 da a los acuerdos de las Comisiones Delegadas la forma de orden del Ministro competente; solo cuando la competencia corresponde a distintos Ministros revisten la de orden del Ministro de la Presidencia. Aunque las Comisiones Delegadas son órganos colegiados del Gobierno, sus acuerdos no toman la forma de real decreto ni la de acuerdo del Consejo de Ministros, que son formas de las decisiones del Presidente y del Consejo.