El acceso al empleo público

El art. 59.2 obliga a cada Administración a dos cosas: adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado, adaptaciones en el puesto de trabajo. Quedarse con una sola de las dos es el error; y no depende de que las bases lo prevean.

El art. 56.1.c) pide dieciséis años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los dieciocho años son la mayoría de edad, no el requisito del Estatuto, y los setenta son el tope de la prolongación del servicio activo del art. 67.3, no el del acceso.

El art. 56.1.c) solo admite otra edad máxima, distinta de la de jubilación forzosa, si la establece una ley. Ni las bases de una convocatoria ni un reglamento pueden fijarla, y el «no» rotundo olvida que la ley sí puede.

El primer párrafo del art. 61.8 lo prohíbe con una sola excepción: que lo prevea la propia convocatoria. El «no» rotundo se olvida de esa excepción, y ni un empate ni una autorización posterior del convocante la sustituyen.

El art. 61.7 da tres sistemas para el personal laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. La exigencia de una ley es la regla del concurso para los funcionarios de carrera (61.6), no para el laboral; y lo que el 61.7 deja a la negociación es la colaboración sindical en los procesos, no el sistema.

Entre el nombramiento y la toma de posesión, el art. 62.1.c) exige el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento. Las prácticas y los reconocimientos médicos pueden formar parte del proceso selectivo (61.5), pero no son uno de los cuatro requisitos.

El art. 56.3 pide que los requisitos específicos guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones y tareas, y que en todo caso se establezcan de manera abstracta y general: lo contrario de fijarlos persona a persona o puesto a puesto. El Estatuto no les exige rango de ley ni informe del órgano de selección.

El segundo párrafo del art. 57.1 encarga a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinar esas agrupaciones del art. 76. La ley de las Cortes es la tentación: el art. 57.5 la exige para eximir del requisito de la nacionalidad, que es otra cosa.

El art. 57.5 reserva esa exención a una ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y por razones de interés general. Un real decreto no basta, por mucho que invoque el interés general; y el órgano de gobierno solo determina las agrupaciones vedadas a los extranjeros (57.1).

El art. 60.3 dice que la pertenencia será siempre a título individual, sin poder ostentarse en representación ni por cuenta de nadie: ni de la Administración ni de los sindicatos. Las bases no pueden cambiarlo.

El cupo no puede ser inferior al siete por ciento de las vacantes, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de cada Administración. Las dos cifras se cruzan con facilidad, y el dos por ciento vuelve a salir en el párrafo siguiente, como la parte de las plazas reservada a la discapacidad intelectual.

El art. 57.4 permite a los extranjeros con residencia legal acceder a las Administraciones como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. Acceder como funcionaria salvo en los empleos de poder público es el régimen de los nacionales de la Unión Europea (57.1), no el suyo.

El art. 61.6 fija la oposición y el concurso-oposición, con una o varias pruebas de capacidad que establezcan el orden de prelación. La lista de tres, con el concurso de valoración de méritos, es la del personal laboral fijo (61.7); para los funcionarios el concurso solo cabe por ley y como excepción. Las prácticas y las entrevistas pueden completar las pruebas (61.5), pero no son sistemas selectivos.

El art. 61.3 solo permite dar a los méritos una puntuación proporcionada, que en ningún caso determinará por sí misma el resultado del proceso. No fija un peso igual al de las pruebas, no los reduce a desempatar y no limita qué servicios se valoran.

La DT 4.ª.1 se refiere a puestos o plazas de carácter estructural, dotados presupuestariamente y desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005. El año 2007, el de la Ley 7/2007 del primer Estatuto, es la confusión habitual.

El segundo párrafo del art. 61.8 permite al órgano convocante requerir del órgano de selección una relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento. La relación la da el órgano de selección: el convocante no elige por sí mismo al siguiente.

El art. 62.2 es tajante: quien no acredite, una vez superado el proceso, que reúne los requisitos y condiciones de la convocatoria no podrá ser funcionario, y quedan sin efecto las actuaciones relativas a él. Aprobar no basta: el Estatuto no prevé un nombramiento provisional mientras los acredita.

La letra f) del art. 55.2 pide agilidad en los procesos de selección, sin perjuicio de la objetividad: es la única con esa salvedad. La transparencia, la publicidad de las convocatorias y la adecuación entre los procesos y las tareas también están en la lista, pero sin matiz alguno.

El segundo párrafo del art. 61.6 lo permite solo en virtud de ley y con carácter excepcional. No basta con que lo prevean las bases, y el Estatuto no lo liga ni a una oposición desierta ni a la promoción interna.

El art. 60.2 excluye al personal de elección o de designación política, a los funcionarios interinos y al personal eventual. Ni el laboral fijo, ni los funcionarios de otra Administración, ni los del cuerpo convocado están en esa lista.