La pérdida y la rehabilitación de la condición de funcionario

El art. 67.3 obliga a la Administración Pública competente a «resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación». Por eso no es un derecho que haya que conceder en todo caso, y el Estatuto no pide informe de la Junta de Personal ni remite la decisión a la Seguridad Social.

El art. 64.2 impide aceptar la renuncia cuando el funcionario está sujeto a expediente disciplinario, o cuando se ha dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por un delito. La excedencia, el tiempo de servicio y la forma de provisión del puesto no figuran en ese artículo.

El art. 68.2 fija el sentido del silencio para esta solicitud: si vence el plazo sin resolución expresa, «se entenderá desestimada». El silencio estimatorio, que es la opción tentadora, no rige aquí porque el Estatuto dice lo contrario.

El art. 63 enumera cinco causas: la renuncia, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total, la separación del servicio firme y la inhabilitación firme para cargo público. La excedencia por interés particular no está en la lista: es una de las situaciones administrativas del art. 85.1, en la que se sigue siendo funcionario.

El art. 64.1 exige que la renuncia voluntaria «habrá de ser manifestada por escrito». No vale de palabra ni se deduce de una conducta tácita, y el Estatuto no pide que se haga ante notario.

El art. 68.1 da la rehabilitación, que «le será concedida», cuando la relación se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Tras una inhabilitación la rehabilitación es excepcional (art. 68.2), no algo que se concede siempre, y la renuncia y la separación del servicio no figuran en el artículo.

La letra c) del art. 67.1 incluye el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de incapacidad permanente total en relación con las funciones del cuerpo o escala, además de la declaración de incapacidad permanente para esas funciones. La incapacidad permanente parcial, la temporal y el grado de discapacidad no figuran en la letra.

El art. 67.3 dice que la jubilación forzosa «se declarará de oficio». La que se pide a solicitud del funcionario es la voluntaria del art. 67.1.a), y el Estatuto no da ningún papel al jefe de unidad ni a la Junta de Personal.

El art. 64.3 dice que la renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo, pero «a través del procedimiento de selección establecido». La rehabilitación del art. 68 se prevé para la pérdida de la nacionalidad, la jubilación por incapacidad permanente y la inhabilitación, no para la renuncia.

El art. 65 hace perder la condición de funcionario con esa nacionalidad «salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados»: España, los de la Unión Europea y aquellos a los que se aplica la libre circulación de trabajadores. Que el puesto no implique potestades públicas es una cuestión del acceso (art. 57.1), no de la conservación, y la residencia legal solo abre el acceso como personal laboral (art. 57.4).

Las letras d) y e) del art. 63 piden lo mismo a las dos: que la sanción o la pena «tuviere carácter firme». El artículo no exige la inscripción en el Registro de Personal, ni la publicación, ni una ratificación del órgano de gobierno.

El art. 68.2 permite a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas conceder, con carácter excepcional y a petición del interesado, la rehabilitación de quien la perdió por inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito. No la decide el tribunal ni llega de oficio al cumplirse la pena.

El segundo párrafo del art. 67.3 permite solicitar la prolongación «como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad», en los términos de las leyes de Función Pública de desarrollo. Ninguna de las otras edades figura en el artículo.