Las situaciones administrativas

Los seis primeros meses, que además computan para antigüedad, carrera y Seguridad Social. Dieciocho meses es el máximo al que puede llegar ese periodo si se prorroga porque lo exigen las actuaciones judiciales: no es la reserva inicial.

La disposición adicional décima extiende al personal del art. 4 (jueces, militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros) los derechos del art. 87.3, con un límite: la compatibilidad con su legislación específica. No exige que esa legislación lo prevea expresamente, que es la regla general del art. 4 para aplicar el Estatuto, ni le da preferencia sobre ella.

El art. 89.3 exige que el cónyuge haya obtenido y desempeñe un puesto de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral fijo. No basta un empleo temporal, como el de interino o laboral temporal. Cumplido eso, no se exige al solicitante ningún tiempo de servicios previos.

El art. 91 remite al reglamento, que distinguirá según la situación de la que se venga, con respeto a la reserva del puesto cuando proceda. El Estatuto no fija esos plazos. Los convenios de Conferencia Sectorial aparecen en el art. 88.4, pero para reconocer la carrera de quien reingresa, no para regular el reingreso.

El art. 89.1 enumera cinco modalidades: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género o sexual y por razón de violencia terrorista. La excedencia forzosa no está en el Estatuto: la regulan otras normas, como el Reglamento de situaciones administrativas de la Administración General del Estado.

El art. 89.2 la veta mientras se instruye un expediente disciplinario al funcionario. Ni el tipo de puesto, ni los trienios, ni una excedencia anterior la impiden según el Estatuto.

La letra i) deja elegir: el funcionario nombrado personal eventual pasa a servicios especiales salvo que opte por seguir en servicio activo. Por eso «en todo caso» es falso. La asimilación a alto cargo es el supuesto de la letra c), para puestos en organismos públicos, no el del eventual.

Cinco años inmediatamente anteriores, prestados en cualquier Administración Pública. Tres años es una cifra muy presente en el Estatuto (la duración máxima de la excedencia por cuidado de familiares), pero no es esta. Las excedencias por agrupación familiar y por violencia de género o sexual no exigen servicios previos.

El art. 85.1 enumera cinco situaciones: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. La expectativa de destino no está entre ellas: es una situación de reglamentos y leyes de función pública, que el art. 85.2 permite crear, pero no una de las del Estatuto.

Los transferidos se integran plenamente en la función pública de la comunidad autónoma y quedan en servicio activo en ella. Es la trampa clásica frente al servicio en otras Administraciones Públicas, que es la situación de quien obtiene destino por provisión (art. 88.1). Además, conservan todos sus derechos en la Administración de origen como si estuvieran en servicio activo.

Los dos primeros meses, con las prestaciones familiares por hijo a cargo si las hay. Seis meses es el periodo inicial de reserva del puesto, que no lleva aparejado el sueldo: confundir las dos cifras es el error típico.

Pasados seis meses, el suspenso pierde su puesto. No hay que cruzarla con otra cifra del mismo artículo: la suspensión firme por sanción disciplinaria puede durar hasta seis años. La provisional acordada durante un procedimiento judicial que excede de seis meses no hace perder el puesto: es una excepción del art. 98.3.

En defecto de convenio, el art. 88.4 encarga el reconocimiento a la Administración en la que se produce el reingreso, que es la de origen. La tentadora es la de destino, donde se hicieron los progresos; pero la ley mira a la que lo recibe de vuelta.

La letra a) del art. 85.2 nombra la imposibilidad transitoria de asignar un puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal. Las otras tres ya tienen su situación en el propio Estatuto: el alto cargo pasa a servicios especiales (art. 87.1.a), el cuidado de un familiar da la excedencia del art. 89.4 y la sanción, la suspensión de funciones del art. 90.

No es automática: su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio, que hay que motivar. La junta de personal no tiene ese papel, y las cargas familiares son el supuesto de otras excedencias (cuidado de familiares, agrupación familiar), no de esta.

El art. 86.2 los somete a dos normas a la vez: el Estatuto y la normativa de función pública de la Administración donde prestan servicios. No es solo esta última, porque el Estatuto también se aplica, ni la de la Administración General del Estado si sirven en otra. El convenio colectivo rige al personal laboral (art. 92), no al funcionario.

La letra f) del art. 87.1 incluye los cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales. La misión en un organismo internacional también lleva a servicios especiales, pero solo si dura más de seis meses (letra b). El destino en otra Administración por concurso es servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88), y el cuidado de un familiar, excedencia (art. 89.4).

Hasta el segundo grado inclusive, por consanguinidad o por afinidad: llega a abuelos, nietos, hermanos y cuñados. El primer grado se queda corto, porque no alcanzaría a ninguno de ellos.

Cobra lo del puesto o cargo y no lo que le corresponde como funcionario de carrera, pero conserva el derecho a los trienios reconocidos. La trampa habitual es quitarle los trienios: el art. 87.2 los salva expresamente con su «sin perjuicio».

El art. 89.5 permite prorrogar por tres meses, con un máximo de dieciocho, y con los mismos efectos que el periodo inicial. Seis es la cifra del periodo inicial de reserva, no la de cada prórroga.