Las Cortes Generales: las Cámaras

Dos cada una (69.4), frente al único Diputado que el 68.2 les da en el Congreso. Las provincias eligen cuatro y las islas mayores, tres.

Cuatro por provincia, con independencia de su población: es lo que hace del Senado una cámara de representación territorial y no proporcional. Ceuta y Melilla eligen dos cada una.

«Cámara de representación territorial». La representación proporcional es el criterio del Congreso (68.3), y aunque las Comunidades designan Senadores (69.5), la mayoría se eligen en provincias e islas.

Sigue hasta que se constituyen las nuevas Cortes Generales, después de las elecciones y no el día de votar. Los sesenta días son el límite para celebrar las elecciones (68.6).

El 75.3 saca de la delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos. Una ley ordinaria sobre otra materia sí puede aprobarse en Comisión.

La letra d) dice «en activo», como la e) para militares y policías. Fuera de esa situación la Constitución no los incluye, y no añade ningún plazo posterior al cese.

La letra b) incluye a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, «con la excepción de los miembros del Gobierno». No distingue entre Congreso y Senado ni pide autorización alguna.

Cada Diputación Permanente la preside el Presidente de su Cámara: la del Senado, el del Senado.

«La circunscripción electoral es la provincia», con Ceuta y Melilla aparte. La Comunidad Autónoma no es circunscripción del Congreso: solo interviene en los Senadores que designa (69.5).

Las de los artículos 86 (decretos-leyes) y 116 (estados de alarma, excepción y sitio). La investidura y la moción de censura (99 y 113) no figuran en el 78.2.

La regla es la mayoría de los presentes, «sin perjuicio» de las mayorías especiales que fijen la Constitución, las leyes orgánicas o, para elegir personas, los Reglamentos.

Un mínimo de veintiún miembros, repartidos entre los grupos en proporción a su importancia numérica. Es el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando está disuelta o fuera de período de sesiones.

Decide el Congreso por mayoría absoluta, también cuando el procedimiento lo inició el Senado.

Cuatro años o, antes, el día de la disolución de la Cámara. Lo que dura hasta que se constituyen las nuevas Cortes es la Diputación Permanente (78.3), no el mandato.

El 67.3 les niega todo efecto: no vinculan, no ejercen funciones y no ostentan privilegios. La mayoría absoluta sirve para pedir una sesión extraordinaria (73.2), no para suplir la convocatoria.

Las Cortes son bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado, y nada más. La Diputación Permanente no es una tercera pieza de las Cortes: el artículo 78 la sitúa dentro de cada Cámara; y el Consejo de Estado no pertenece a las Cortes: es un órgano aparte, el del artículo 107.

El Pleno «podrá, no obstante, recabar en cualquier momento» el debate y la votación. No necesita una mayoría especial ni tiene que hacerlo antes de una fase concreta.

No son vinculantes para los Tribunales ni afectan a sus resoluciones, aunque el Pleno las apruebe. Lo que puede hacerse con el resultado es comunicarlo al Ministerio Fiscal.

Veinticinco días desde la celebración de las elecciones. Treinta es el mínimo para celebrarlas tras acabar el mandato, y dos meses lo que tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto (90.2).

Inviolables, sin más. La irresponsabilidad es lo que el 56.3 predica de la persona del Rey («no está sujeta a responsabilidad»); la soberanía reside en el pueblo (1.2), y las Cámaras pueden disolverse (115).