Sección 2.ª: defensa y objeción de conciencia, sistema tributario, matrimonio, propiedad y fundación, trabajo, colegios profesionales, negociación colectiva y libertad de empresa.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 37 preguntas que contiene en total.
La 2.ª. El capítulo segundo del título I solo tiene dos secciones: la 1.ª va de los artículos 15 a 29, y esta, de los 30 a 38.
Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos
La correspondiente indemnización, y de conformidad con lo que dispongan las leyes. El 33.3 no pide una sentencia firme ni autorización parlamentaria, y la privación no depende del consentimiento del titular.
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes
Las de la economía general y, en su caso, de la planificación. La función social delimita la propiedad y la herencia (33.2), y la estabilidad presupuestaria es del 135: ninguna es la medida del 38.
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación
La que el 35.1 nombra es la de sexo. Las otras no aparecen en este artículo; la cláusula general contra la discriminación está en el 14.
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo
Eficiencia y economía, dice el 31.2. La eficacia y la coordinación son principios de la actuación de la Administración (103.1), y la suficiencia y la solidaridad no son los criterios que nombra este apartado; la legalidad y la transparencia, tampoco.
su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía
La defensa de la productividad. El 38 no menciona la competencia ni los precios, y la participación de los trabajadores en la empresa es cosa del 129.2.
Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad
Entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Ni el Gobierno, ni las organizaciones de consumidores (51.2), ni los Colegios Profesionales son las partes que nombra el 37.1.
la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios
Un estatuto de los trabajadores. La Seguridad Social es el principio rector del 41; el salario mínimo no aparece en el 35, y la ley de las medidas de conflicto colectivo es la del 37.2.
La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Las obligaciones militares de los españoles, que el 30.2 remite a la ley. Las bases de la organización militar, la misión de las Fuerzas Armadas y las competencias en los estados excepcionales no son lo que fija la ley de este apartado.
La ley fijará las obligaciones militares de los españoles
Con plena igualdad jurídica. La igualdad «real y efectiva» es la que los poderes públicos deben promover según el 9.2, y la igualdad ante la ley, la del 14: ninguna es la fórmula del 32.1.
El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
La objeción de conciencia, junto a las demás causas de exención del servicio militar obligatorio. El servicio civil es el 30.3, que no lo declara obligatorio; los deberes ante una catástrofe son el 30.4 y las prestaciones patrimoniales de carácter público, el 31.3.
regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia
La edad y capacidad para contraerlo, junto con los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y disolución y sus efectos. La adopción y la filiación no están en la lista del 32.2, y la protección de la familia es un principio rector del 39.
La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo
Por causa justificada de utilidad pública o interés social, y con las demás condiciones del 33.3. La seguridad nacional, el orden público o la urgencia no son las causas que el artículo enuncia.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social
Confiscatorio: es el límite que el 31.1 pone al sistema tributario justo. Las otras tres palabras no aparecen en él; la irretroactividad que garantiza el 9.3 es la de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio
El ejercicio de las profesiones tituladas. El 36 no impone la colegiación a todo trabajador; los convenios son del 37.1 y el estatuto de los funcionarios, del 103.3.
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.
Su función social, de acuerdo con las leyes. La utilidad pública es una de las causas que permiten privar de los bienes (33.3); ni ella, ni el interés general, ni la planificación delimitan el contenido en el 33.2.
La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
Igualdad y progresividad. La eficiencia y la economía son los criterios del gasto público en el apartado 2 del mismo artículo, y las otras dos parejas no son los principios que nombra el 31.1.
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
Los apartados 2 y 4. El 34.2 no extiende a las fundaciones lo que disponen los apartados 1, 3 y 5 del artículo 22.
Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
«Podrá establecerse»: es una posibilidad, no un deber general ni el sustituto obligado del servicio militar. Su fin es el interés general; los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad son el supuesto del 30.4.
Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
Que sean democráticos. El 36 no habla de publicidad, independencia ni paridad.
La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El 35.1 no fija la igualdad por categorías, no encarga al Gobierno un salario mínimo ni mide la remuneración por la productividad de la empresa.
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia
A los trabajadores y a los empresarios: a diferencia de la huelga del 28.2, que es de los trabajadores, las medidas de conflicto colectivo del 37.2 son de las dos partes.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Para fines de interés general, con arreglo a la ley. No basta cualquier fin lícito, y el 34.1 no reduce la fundación a lo benéfico, lo asistencial o lo cultural.
Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
La propiedad privada y la herencia. La libertad de empresa está en el 38, el derecho de fundación en el 34 y la vivienda digna es un principio rector del 47.
Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El 30.4 no los liga a la declaración de los estados del artículo 116, a la guerra ni a una crisis económica: basta la situación y una ley que regule esos deberes.
Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.