El Gobierno

Dos meses que se cuentan desde la primera votación de investidura, no desde las elecciones ni desde la constitución del Congreso. Si en ese plazo ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disuelve y convoca nuevas elecciones.

La refrenda el Presidente del Congreso, igual que la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 64.1), y no el Presidente en funciones. Sin refrendo no queda: los actos del Rey que no lo llevan carecen de validez, salvo los del 65.2 (art. 56.3).

Expone el programa del Gobierno que pretende formar y pide la confianza de la Cámara: se vota al candidato con su programa, no una lista de Ministros, a los que nombra el Rey a propuesta del Presidente ya investido (art. 100). El 99.2 no prevé enmiendas al programa.

La propuesta es del Rey, pero llega a través del Presidente del Congreso, la Cámara que vota la confianza. El Senado no interviene en la investidura, y el Gobierno en funciones tampoco.

Segunda votación de la misma propuesta a las cuarenta y ocho horas, y ya basta la mayoría simple. Aún no se cambia de candidato: las sucesivas propuestas del 99.4 llegan después de las dos votaciones. Los cinco días son los que han de pasar para votar una moción de censura.

El 99.5 dice «ambas Cámaras»: aunque el Senado no vota la investidura, se disuelve con el Congreso. Aquí no hay elección entre Cámaras, a diferencia de la disolución que propone el Presidente del Gobierno por el artículo 115.1.

El 101.2 fija el final en la toma de posesión del nuevo Gobierno, no en la investidura ni en el nombramiento del Presidente, que llegan antes. Hasta entonces el Gobierno cesante sigue en funciones.

Mayoría absoluta del Congreso en la primera votación; la simple basta en la segunda, cuarenta y ocho horas después. El Senado no vota la investidura, y los tres quintos no aparecen en ninguna de las votaciones del artículo 99.

Solo la traición y los delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. Para los demás rige el 102.1: la responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin ese paso previo por el Congreso.

Nombramiento y separación van juntos: los hace el Rey, a propuesta del Presidente. El Presidente propone pero no nombra, y ni el Congreso ni el Consejo de Ministros tienen papel en el artículo 100.

Propone el Rey, después de las consultas con los Grupos políticos. El Presidente del Congreso es el cauce por el que llega la propuesta, no quien la hace: es la confusión que más cae.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas lo atribuye al Rey el artículo 62.h. El Gobierno dirige, en cambio, la Administración militar y la defensa del Estado, además de la política interior y exterior: que una opción suene a militar no la descarta.

El artículo 97 le atribuye la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. La potestad legislativa es de las Cortes; el Gobierno solo dicta normas con rango de ley por delegación (decreto legislativo) o por urgencia (decreto-ley).

Los Vicepresidentes van «en su caso»: puede no haberlos. Y la lista queda abierta a lo que establezca la ley. Los Secretarios de Estado y los Delegados del Gobierno no figuran en el artículo 98.1 como miembros del Gobierno.

La consulta es con los representantes que designen los Grupos políticos con representación parlamentaria. Al Presidente del Congreso no se le consulta: es el cauce de la propuesta. Ni el Consejo de Estado ni el Gobierno saliente intervienen.

Una cuarta parte de los miembros del Congreso toma la iniciativa y la mayoría absoluta de la Cámara la aprueba; el Senado no interviene. Ni la décima parte ni cincuenta Diputados bastan para plantearla.

El 102.3 excluye la gracia en todos los supuestos del artículo, no solo en la traición. Que el indulto sea individual no lo salva: esa es la condición general del 62.i, que aquí no opera, y el Congreso no tiene en su mano autorizarlo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, igual que en las causas contra Diputados y Senadores. Si la acusación es por traición o delito contra la seguridad del Estado, hace falta además iniciativa de la cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta.

El 98.3 prohíbe a los miembros del Gobierno otras funciones representativas «que las propias del mandato parlamentario»: el escaño, de Diputado o de Senador, es la excepción. Lo que no cabe es otra función pública ajena al cargo ni actividad profesional o mercantil alguna.