Las Comunidades Autónomas

Las Cortes Generales, y no solo entre Comunidades: también entre provincias, en su caso.

Corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. La garantía de un nivel mínimo en los servicios públicos fundamentales es la asignación del apartado 1, que es cosa distinta.

Con una delegación de la Asamblea proponente, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Ni el Gobierno ni las Diputaciones participan en ese acuerdo.

Las minerales y termales, junto a los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad. Las demás no se nombran.

«De acuerdo con la ordenación general de la economía». La fórmula «dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional» es la del fomento del desarrollo económico (148.1.13.ª): están cerca y se confunden.

«Por motivos de interés nacional». El «interés general de España» es la fórmula del 155, y la solidaridad entre territorios, la del 138 y el 158.

Las relaciones internacionales son la 3.ª del 149.1. El marisqueo y la acuicultura, las ferias interiores y el fomento de la cultura están entre las materias que las Comunidades pueden asumir (148.1.11.ª, 12.ª y 17.ª).

Las formas de matrimonio están en la lista que el 149.1.8.ª reserva al Estado «en todo caso», con la ordenación de los registros, las bases de las obligaciones contractuales, los conflictos de leyes y las fuentes del Derecho. El régimen económico, las sucesiones y los derechos reales no están en esa lista.

Competencias asumidas y bases del traspaso de servicios van juntas en la letra d). Lo que es del Estado lo dice la propia Constitución (149.1), no cada Estatuto.

La transferencia de medios financieros que corresponda, en cada caso. El plazo o la aceptación por la Comunidad no los exige el 150.2.

Una asamblea mixta: los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores elegidos en esas provincias. La asamblea solo de parlamentarios, convocada por el Gobierno, es la del 151.2.

Una ley orgánica. La legislación sobre Régimen Local es la que el 148.1.2.ª menciona para las funciones del Estado sobre las Corporaciones locales, no para las policías.

Dos meses. Los seis meses son el plazo para reunir los requisitos de la iniciativa (143.2).

Solo las bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, en el apartado del sistema monetario. El 149.1.11.ª no reserva al Estado su supervisión ni su inspección; la planificación general es la de la actividad económica (149.1.13.ª).

El económico y presupuestario. Los reglamentos los controla la jurisdicción contencioso-administrativa; las funciones delegadas, el Gobierno; y las leyes, el Tribunal Constitucional.

Denominación, organización y sede. El presupuesto, la plantilla y el régimen electoral no forman parte del contenido que el 147.2 exige.

«Podrán corresponder» a las Comunidades, en virtud de sus respectivos Estatutos. Ni el Senado ni los municipios intervienen en esta regla.

La ordinaria del Estado; la suprema es la de la propia Comunidad. El Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio, que es otra cosa.

Solo las bases del régimen minero y energético. El 149.1.25.ª no reserva al Estado su inspección, su planificación, su gestión ni las concesiones.

Sí, «aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas», cuando lo exija el interés general. Ni la petición de las Comunidades ni un dictamen son el requisito.