El Poder Judicial

Entre los de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. La Constitución no los reserva al Tribunal Supremo, a las categorías superiores ni a los Presidentes de los Tribunales Superiores.

El 121 nombra dos fuentes del daño indemnizable: el error judicial y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El funcionamiento normal no aparece, y que un tribunal superior revoque una resolución tampoco.

Depende a la vez de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en los términos que la ley establezca. El 126 no nombra al Ministerio del Interior ni al Consejo General del Poder Judicial.

No: el 127.1 les prohíbe, mientras se hallen en activo, «desempeñar otros cargos públicos», sin salvedad ni autorización que la levante.

El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Sus principios de actuación los fija el propio 124.2, y la designación del Fiscal General, el 124.4; la policía judicial está en otro artículo, el 126.

Predominantemente oral, y sobre todo en materia criminal. No es íntegramente oral en ninguna materia, ni la Constitución destaca la laboral: el adverbio y la materia son los dos incisos que se examinan.

Tres quintos de los miembros de cada Cámara, «en ambos casos». Ni la absoluta ni los dos tercios, y no hay segunda votación con mayoría menor: se cuenta sobre los miembros, no sobre los presentes.

De oficio o a petición de los interesados. El 124.1 no supedita su actuación a que la pida el Gobierno, el Juez o el Consejo General.

Dos supuestos: los que disponga la ley y, siempre, el de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar. No es gratuita para todos ni la concede el Juez caso por caso, y el 119 no la ciñe a ningún orden jurisdiccional.

Más de quince años de ejercicio en su profesión. No se les pide haber sido Jueces ni años de carrera judicial, y la reconocida competencia sola no basta: el 122.3 exige las dos cosas.

Las actuaciones son públicas «con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento»: el 120.1 las reserva a las leyes de procedimiento, no a reglamentos, a instrucciones del Fiscal ni a los Estatutos.

La salvedad son las garantías constitucionales, que corresponden al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España.

La unidad jurisdiccional: es el principio que el 117.5 pone como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La unidad de actuación suena parecida y no es de los Tribunales; ni la independencia ni la legalidad e imparcialidad son lo que nombra este apartado.

La legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. El 124.1 no nombra el interés del Estado, el orden público ni la seguridad pública. Garantizar la seguridad ciudadana es la misión que el 104.1 da a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Ejercer la acción popular. Proponer miembros del Consejo General no es cosa de los ciudadanos (122.3), y la Constitución no prevé que se elija a los Jueces por sufragio ni que se les recuse sin causa.

En audiencia pública. El 120.3 no pone excepciones a esa publicidad del pronunciamiento, ni lo reduce a una audiencia de las partes o a un escrito.

Del Estado, conforme a la ley. La responsabilidad personal del Juez es otra cuestión: el 121 pone esta indemnización a cargo del Estado, no del Juez ni del Consejo General del Poder Judicial.

La ley orgánica del poder judicial, que el 122.1 nombra así. No basta una ley ordinaria, y ni un reglamento del Consejo General ni un decreto del Gobierno organizan los Juzgados y Tribunales.

Unidad de actuación y dependencia jerárquica. El 124.2 no nombra la autonomía funcional ni el libre criterio, ni la descentralización o la desconcentración.

Entre abogados y otros juristas: la propuesta de las Cámaras no se abre a cualquier funcionario ni a quien no sea jurista, ni se ciñe a los propios Diputados o Senadores.