El procedimiento legislativo y el referéndum

El 87.3 la remite a una ley orgánica, que no puede bajar de las firmas que la propia Constitución exige «en todo caso».

Lo convoca el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, no del Consejo de Ministros, previamente autorizada por el Congreso.

La prioridad de los proyectos existe, pero no puede impedir el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del 87.

El Presidente del Congreso da cuenta inmediata al del Senado, y es este quien lo somete a la deliberación de su Cámara.

Quince días para sancionar; después las promulga y ordena su publicación. Veinte son los días del Senado en los proyectos urgentes (90.3).

Los aprueba el Consejo de Ministros. El Consejo de Estado no aprueba los proyectos de ley del Gobierno.

Sobre las enmiendas basta la mayoría simple, tanto para aceptarlas como para rechazarlas. La absoluta es la que hace falta para levantar un veto sin esperar dos meses.

El 87.3 excluye de la iniciativa popular las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Ni el respaldo de una Asamblea ni la toma en consideración lo salvan.

El Senado puede tomarla en consideración, pero la proposición pasa al Congreso, donde se tramita como tal; no se convierte en proyecto del Gobierno.

Un máximo de tres miembros de la Asamblea, encargados de su defensa ante el Congreso.

Con un «mensaje motivado». La Comisión Mixta es la del 74.2, que no interviene en el procedimiento legislativo ordinario.

A la Mesa del Congreso, no a la del Senado aunque este sea la Cámara de representación territorial (69.1).

El 91 encadena tres actos: sanciona en quince días, promulga y ordena la «inmediata» publicación. No prevé ningún control previo ni un plazo de un mes para publicar.

El 90.3 lo permite al Gobierno o al Congreso; el Senado no figura entre quienes pueden declarar la urgencia.

No menos de 500.000. Y no vale para todo: el mismo apartado excluye las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia.

Veinte días naturales, frente a los dos meses ordinarios. Treinta son los días del Congreso para pronunciarse sobre un decreto-ley (86.2).

El veto exige mayoría absoluta. Para las enmiendas del Senado, en cambio, el 90.2 no fija mayoría alguna.

El 87.2 da a las Asambleas dos vías: solicitar del Gobierno un proyecto de ley o remitir una proposición. No exige ninguna mayoría cualificada.

Exposición de motivos y antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Ni el dictamen del Consejo de Estado ni una memoria económica los nombra el artículo 88.

El 92.1 lo reserva a las «decisiones políticas de especial trascendencia». Ni las leyes orgánicas ni un veto del Senado ni la confianza del Gobierno figuran en él.