Los tratados internacionales

La lista del 94.1 recoge los tratados políticos, los militares, los que afectan a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que implican obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que modifican o derogan una ley o exigen medidas legislativas. «De carácter comercial» no es una de esas clases: un tratado comercial necesita la autorización previa solo si encaja en alguna de ellas.

A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos: el 93 reparte la garantía entre los dos y no la reserva a ninguno. El Tribunal Constitucional no aparece en este artículo; su papel con los tratados es otro, el del 95.2.

Hacen falta las dos cosas: que se haya celebrado válidamente y que se publique oficialmente en España. La autorización de las Cortes es un paso previo, y solo de algunos tratados (94.1): no es la celebración ni lo que los incorpora; y sin la publicación oficial no forman parte del ordenamiento interno.

Ley orgánica: ese rango es lo que distingue los tratados del 93 de los del 94. La ley de armonización es la del 150.3, y la de bases, la de la delegación legislativa del 82.

El ejercicio de competencias derivadas de la Constitución: el 93 habla del ejercicio, no de la titularidad, y de competencias, no de la soberanía nacional, que ese artículo no menciona.

La previa autorización de las Cortes Generales: de las dos Cámaras, y antes de que el Estado se obligue. No basta el Congreso, y no es una convalidación posterior. El Consejo de Estado es el órgano consultivo del Gobierno (art. 107) y el 94 no lo nombra.

Los que exijan medidas legislativas para su ejecución: si para cumplir el tratado hay que legislar, las Cortes lo autorizan antes. Un desarrollo reglamentario no basta para entrar en la lista, el 94.1 no menciona las competencias autonómicas, y la publicación no es una de sus clases.

Basta con informar inmediatamente al Congreso y al Senado de su conclusión: la autorización previa es solo para los del 94.1. No hay convalidación posterior, y la Constitución no da ningún plazo de un mes.

Hay que revisar antes la Constitución: un tratado no puede entrar en el ordenamiento contradiciéndola. No lo salva una autorización reforzada del Congreso, ni un dictamen del Consejo de Estado, ni un referéndum posterior.

Que declare si existe o no la contradicción entre el tratado y la Constitución. No autoriza el tratado ni juzga su oportunidad, y el 95.2 no le encarga anular uno ya ratificado: solo declarar si la contradicción existe.