El título IX: su composición y los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 40 preguntas que contiene en total.
Cincuenta, y la misma cifra vale para Diputados y para Senadores: el 162.1.a) la da como número fijo, no como una parte de la Cámara.
50 Diputados, 50 Senadores
Los dos que nombra el 161.1.c): Estado frente a Comunidades Autónomas, y Comunidades entre sí. Ni los municipios ni los órganos judiciales aparecen en esa letra.
De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
Contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley: es lo que dice el 161.1.a). Un reglamento del Gobierno no tiene ese rango, y la letra no distingue entre leyes orgánicas y ordinarias.
Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
El 159.4 dice «todo mandato representativo», sin distinguir el nivel: ni el local ni el autonómico se salvan. Renunciar al sueldo no cambia nada, porque lo incompatible es el mandato, no su retribución.
La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo
Los nombra el Rey, como dice el 159.1. Proponer no es nombrar: quien propone interviene antes, pero el nombramiento es siempre del Rey.
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey
El 162.1.b) nombra a los dos, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. Ni el Presidente del Gobierno ni el Consejo de Estado figuran entre los legitimados para el amparo.
Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Sale del propio Tribunal: el Presidente es uno de sus miembros. No viene del Supremo ni lo propone ningún órgano de fuera.
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros
El 163 deja a la ley los supuestos, la forma y los efectos de la cuestión, con un límite que fija él mismo: «en ningún caso serán suspensivos». Ni un plazo, ni un alcance limitado a las partes, ni una ratificación posterior: nada de eso está en el 163.
en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Más de quince años de ejercicio profesional, y para todos, vengan del colectivo que vengan. Ni doce, ni nueve, ni veinte: el 159.2 dice «más de quince».
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional
La lista se amplía por la Constitución o por ley orgánica. Ni una ley ordinaria, ni un tratado, ni un Reglamento de las Cámaras: el 161.1.d) nombra solo esas dos fuentes.
De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
No más de cinco meses. La impugnación produce la suspensión; lo que el Tribunal decide en ese plazo es si la ratifica o la levanta.
La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
La plantea el órgano judicial que conoce del proceso, y solo él: el 163 no da esa iniciativa a las partes ni a ningún otro órgano.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley
Funcionarios públicos y Abogados cierran la lista del 159.2. Ni los Procuradores ni los Jueces de paz figuran en ella.
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados
Juristas de reconocida competencia, sea cual sea su origen. No hace falta haber sido juez, ni el doctorado ni una edad mínima aparecen en el texto.
todos ellos juristas de reconocida competencia
Los votos particulares, «si los hubiere»: la discrepancia de un magistrado se publica con la sentencia. Ni el parecer del Fiscal ni las alegaciones de las partes están entre lo que el 164.1 manda publicar.
con los votos particulares, si los hubiere
Tres quintos de sus miembros, no de los presentes, y el Senado con «idéntica mayoría».
cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría
No cabe recurso alguno: el 164.1 lo dice sin excepciones. Ni la súplica ante el Pleno ni la revisión por hechos nuevos, ni ante el propio Tribunal ni ante otro.
y no cabe recurso alguno contra ellas
Nueve años, y se renueva un tercio del Tribunal cada tres. Ni por mitades ni con mandatos de doce: el 159.3 fija los dos datos a la vez.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
Lo propone el mismo Tribunal en pleno: ni el Gobierno ni las Cámaras intervienen. Con los magistrados es al revés: los proponen órganos de fuera del Tribunal (159.1).
a propuesta del mismo Tribunal en pleno
Dos requisitos que van juntos: que se aplique al caso y que el fallo dependa de su validez. Que la invoque una de las partes no lo exige el texto.
una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo
Independientes e inamovibles: son las dos notas del 159.5. La inviolabilidad y la inmunidad son prerrogativas de los Diputados y Senadores (71), no de los miembros del Tribunal.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
El 161.2 habla de «las disposiciones y resoluciones»: las dos, sin la autorización previa de ningún otro órgano. Que haya otros controles ante los jueces no le quita esta vía al Gobierno.
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.
Doce, con la proporción 4-4-2-2: las dos Cámaras proponen lo mismo, y el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, dos cada uno. Sin el Gobierno no sale la cuenta, y quince no es la cifra del 159.1.
de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Tres años: el Presidente tiene un mandato propio, más corto que el de los magistrados, y el 160 lo fija en esa cifra.
por un período de tres años
Sí: el 162.1.a) lo nombra entre los legitimados para el recurso de inconstitucionalidad, y no le exige el acuerdo de las Cortes ni de nadie.
Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo