Los interesados en el procedimiento

La letra c) condiciona su capacidad de obrar a que una ley la declare expresamente. Designar un representante no se la da: el art. 5.1 habla de los interesados con capacidad de obrar que actúan por medio de representante, y ni un registro ni el órgano que tramita pueden suplir la declaración de la ley.

La letra c) del 2.2 las sitúa en el sector público institucional y las remite a su normativa específica, con la Ley 39/2015 como supletoria. El distractor tentador invierte el orden: la ley no es la norma principal con la normativa universitaria de supletoria, sino al revés.

El 5.3 exige acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otro. En los actos y gestiones de mero trámite, la representación se presume.

La salvedad de la letra b) es la del menor incapacitado, y solo cuando la extensión de la incapacitación alcance a los derechos o intereses que se ejercen o defienden. La letra no excluye a los menores de catorce años, a los no emancipados ni los procedimientos sancionadores. La Ley 39/2015 conserva la palabra «incapacitados», aunque el Código Civil ya no la usa desde la Ley 8/2021.

El 6.6 fija una validez máxima de cinco años desde la inscripción; antes de que acabe, el poderdante puede revocar o prorrogar el poder, y cada prórroga vale también un máximo de cinco años. Cuatro años es el plazo de la ley para declarar lesivo un acto anulable (art. 107), no la vida de un poder.

La habilitación del 5.7 presume válida la representación de esas personas, pero el propio apartado cierra diciendo que el interesado siempre podrá comparecer por sí mismo. No tiene que revocar nada antes, y el requerimiento de acreditación que la Administración puede hacer en cualquier momento se refiere a la representación, no a su comparecencia.

El 6.5 da dos vías: comparecer electrónicamente en la sede electrónica correspondiente, con los sistemas de firma de la ley, o comparecer en persona en una oficina de asistencia en materia de registros. La escritura notarial puede acreditar la representación como cualquier medio válido en Derecho (5.4), pero no es ninguna de las dos formas de otorgarlo apud acta, y tampoco lo es comparecer ante el órgano que tramita.

El 6.4 admite tres tipos de poder inscribible: el general, para cualquier actuación ante cualquier Administración; el que vale para cualquier actuación ante una Administración u organismo concreto, y el que sirve únicamente para los trámites especificados en el poder. Este último es el del enunciado, y la letra c) no pide nada sobre quién sea el apoderado.

El 4.2 las hace titulares de intereses legítimos colectivos, en los términos que la ley reconozca; no las convierte en interesadas en todo procedimiento de su sector ni en defensoras del interés general. Representar a sus asociados es otra cosa: la representación se rige por el art. 5.

La letra b) las somete a las normas de la ley que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. El artículo no atiende al capital, a la financiación ni al servicio que presten: el criterio es el ejercicio de potestades administrativas.

El 5.2 permite representar a las personas físicas con capacidad de obrar y a las jurídicas siempre que lo prevean sus Estatutos. La inscripción en el registro electrónico de apoderamientos es un medio de acreditar la representación (5.4), no un requisito para poder ser representante.

La letra b) del art. 3 no fija una edad: les da capacidad de obrar para los derechos e intereses cuya actuación se les permite sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los catorce años son la edad para hacerse cargo de una notificación en papel (art. 42.2), no un umbral de capacidad, y la ley no la hace depender de una autorización ni del órgano.

La letra c) de la disposición adicional primera.2 nombra los sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería: se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015. Consumo, urbanismo y patrimonio histórico no figuran en esa lista.

La disposición adicional quinta nombra el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas Legislativas autonómicas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Su actuación administrativa se rige por su normativa específica, en el marco de los principios de la Ley 39/2015. El Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad Nuclear no están en esa lista.

El art. 8 obliga a comunicar la tramitación del procedimiento a quien, en un procedimiento sin publicidad, resulte identificado en el expediente como titular de derechos o intereses legítimos y directos que puedan verse afectados. La información pública es otro trámite (art. 83), y el art. 8 no la menciona: lo que exige es esa comunicación.

La regla del 5.1 es entenderse con el representante, y la salvedad, que el interesado manifieste expresamente lo contrario. El primer distractor invierte la regla, y el tercero se salta la salvedad.

La letra b) hace interesado a quien, sin haber iniciado el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados, sin pedirle nada más. La letra c) es la que exige personarse, en tanto no haya recaído resolución definitiva, a quien solo tiene intereses legítimos afectados. El distractor tentador cruza las dos letras.

El 2.4 las somete a su normativa específica, y supletoriamente a la Ley 39/2015, en el ejercicio de las funciones públicas que una ley les haya atribuido o que una Administración les haya delegado. El artículo no se refiere a toda su actividad, ni a su contratación o su patrimonio, ni a lo que hagan sujetas al derecho privado.

El art. 1.2 reserva a la ley, y solo cuando sea eficaz, proporcionado y necesario y de forma motivada, añadir trámites adicionales o distintos. Por reglamento —el real decreto es el distractor tentador— solo pueden fijarse especialidades: órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes.