El funcionamiento del Gobierno, la delegación de competencias y el Gobierno en funciones

El artículo 21.6 no se aplica a todo Gobierno en funciones: solo al que lo está como consecuencia de la celebración de elecciones generales. Si el cese viene de una cuestión de confianza perdida o de una moción de censura, las delegaciones legislativas no se ven afectadas por esta regla.

El artículo 20.1.b deja delegar a los Ministros en los Secretarios de Estado y los Subsecretarios dependientes de ellos, en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en los demás órganos directivos del Ministerio. Todos son órganos que dependen del Ministro o forman parte de su Ministerio: el Presidente del Gobierno y los Vicepresidentes no figuran entre ellos (la delegación en un Vicepresidente es la del Presidente, art. 20.1.a), y la Comisión General no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno (art. 8.4).

El artículo 18.3 atribuye la fijación del orden del día al Presidente del Gobierno, que es también quien convoca y preside las reuniones (art. 18.1). La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios examina los asuntos que van a someterse al Consejo (art. 8.5), pero no decide cuáles entran en el orden del día, y el Consejo tampoco se lo fija a sí mismo.

El artículo 19 extiende a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y también a las Comisiones Delegadas, lo que el artículo 18 dispone sobre las actas del Consejo de Ministros. La regla general de las actas de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 cede ante esta regla específica. Y de sus sesiones sí se levanta acta: como la del Consejo, no recoge las deliberaciones.

El artículo 18.1 reparte los papeles: el Presidente del Gobierno convoca y preside, y el Ministro de la Presidencia actúa como Secretario. El Subsecretario de la Presidencia es el secretario de otro órgano, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8.3), y el Director del Secretariado del Gobierno es quien lo sustituye allí en caso de ausencia, vacante o enfermedad.

El artículo 21.5 tiene dos letras: el Gobierno en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley a las Cámaras. Los decretos-leyes, el estado de alarma y los tratados no están en esa lista; lo que sí les alcanza es la regla general del artículo 21.3 sobre la gestión del Gobierno en funciones, que no es una prohibición expresa.

El artículo 17 nombra, junto a la propia Ley 50/1997, dos fuentes: los Reales Decretos del Presidente sobre la composición y organización del Gobierno y las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación «emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros». Las otras parejas cambian uno de los dos autores por el Ministro de la Presidencia o por las Comisiones Delegadas, y el artículo 17 no los nombra como autores de esas disposiciones.

El artículo 21.4 veda al Presidente en funciones tres facultades: proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza y proponer la convocatoria de un referéndum consultivo. Presentar proyectos de ley también está vedado, pero en otra lista: la del artículo 21.5, que se dirige al Gobierno en funciones y no a su Presidente. Confundir las dos listas es la trampa habitual.

Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso propio, pero eso no lo deja fuera de todo control: puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada al ejercer la avocación (art. 20.4). Por eso es falsa la opción que cierra también esa vía, y lo son las dos que abren un recurso directo contra el acuerdo.

El artículo 21.1 enumera las causas de cese del Gobierno: la celebración de elecciones generales, la pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, y la dimisión o el fallecimiento de su Presidente; el artículo 101.1 de la Constitución recoge lo mismo. Lo que le ocurra a un Vicepresidente o a un Ministro no hace cesar al Gobierno: la dimisión y el fallecimiento que cuentan son los del Presidente.

Avoca el Consejo de Ministros, y lo hace a propuesta del Presidente del Gobierno: el Presidente propone, pero no avoca él mismo. Ni quien preside la Comisión Delegada ni el Ministro de la Presidencia aparecen en el artículo 20.4: la avocación corresponde al órgano colegiado, el Consejo de Ministros.

El artículo 20.2 permite delegar en las Comisiones Delegadas las funciones administrativas del Consejo de Ministros, y la propuesta es del Presidente del Gobierno, no del Ministro de la Presidencia. Es la única excepción a la regla de que lo atribuido a los órganos colegiados del Gobierno no se delega (art. 20.3.c), y no alcanza a otras funciones del Consejo distintas de las administrativas.

El artículo 21.3 manda abstenerse de cualesquiera otras medidas, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique. Las dos salvedades exigen acreditación; ninguna depende de una autorización del Congreso, de una mayoría reforzada en el Consejo ni del rango o el coste de la medida.

Las delegaciones legislativas quedan en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones por la celebración de elecciones generales (art. 21.6). Suspender no es extinguir: la ley no dice que caduquen, y tampoco prevé que se sigan ejerciendo con una convalidación o una autorización.

El acta recoge «exclusivamente» cuatro cosas: el tiempo y el lugar de la sesión, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. Ni las deliberaciones, ni los votos, ni las intervenciones de cada Ministro entran en ella. No hay que trasladar aquí la regla de los órganos colegiados de la Ley 40/2015, cuyas actas sí recogen los puntos principales de las deliberaciones.