El Consejo General del Poder Judicial: sus atribuciones

El cierre de la atribución 16.ª es tajante: «en ningún caso» los reglamentos del Consejo pueden afectar ni regular, ni siquiera indirectamente, derechos y deberes de personas ajenas. Las otras tres opciones sí están en su lista de materias (letras c, e y m). La trampa es la de las condiciones accesorias del estatuto de jueces y magistrados: el Consejo puede desarrollarlas, siempre que no innove ni altere la regulación legal.

La regla del art. 562 alcanza a «todas» las actividades internacionales del Consejo, que se coordinan con el ministerio responsable de la política exterior. La única salvedad es la cooperación jurisdiccional internacional, que la LOPJ atribuye al propio Consejo y que queda «sin perjuicio» de esa coordinación. Ni la urgencia, ni quién paga, ni los viajes de su Presidente abren otra excepción.

La prórroga no la decide quien informa, sino quien pide el informe: el órgano remitente, atendiendo a las circunstancias del caso (art. 561.2). Dura quince días, o diez si la orden de remisión hizo constar la urgencia. El Consejo no puede alargarse el plazo a sí mismo, y el cinco no aparece en el artículo.

La potestad reglamentaria del Consejo es una lista cerrada (art. 560.1.16.ª) y se ejerce «en el marco estricto de desarrollo» de la LOPJ; la letra b) le da el personal del propio Consejo, dentro de la legislación de función pública. Las otras tres opciones no están en esa lista: son materias del art. 561.1, sobre las que el Consejo informa los anteproyectos y disposiciones que elaboran otros, pero no las regula. Ojo con el estatuto de los letrados: el «personal» que regula el Consejo es el suyo, no el de la Administración de Justicia.

El art. 561.3 evita que el silencio del Consejo bloquee una iniciativa: pasado el plazo sin informe, el trámite se tiene por cumplido y el procedimiento sigue. La ley no le da a ese silencio ningún sentido, ni favorable ni desfavorable, ni obliga a reiterar la petición.

La atribución 21.ª del art. 560.1 es compartida: los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo se elaboran y aprueban «conjuntamente con el Ministerio de Justicia». Las comunidades autónomas no aprueban: solo se las oye, y solo cuando afecte a materias de su competencia. Ni las Salas de Gobierno ni las asociaciones judiciales intervienen en esta atribución.

El art. 564 dice que, fuera de los supuestos que regula el art. 563, sobre el Presidente y los Vocales no recae deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. La comparecencia de un Vocal ante la Comisión de Justicia que autoriza la Mesa del Congreso, a solicitud motivada de dos Grupos parlamentarios, es uno de esos supuestos (art. 563.5), y por eso queda fuera de lo que el 564 excluye; pero un acuerdo de la Mesa de una Cámara no crea por sí solo ese deber. Tampoco hay una comparecencia periódica ante la Comisión Constitucional ni una salvedad para los Presupuestos. La STC 191/2016 (FJ 6) aclaró que el art. 564 regula las relaciones ordinarias entre las Cortes y el Consejo y no excluye la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación que impone el art. 76.2 de la Constitución.

La atribución 23.ª del art. 560.1 le da al Consejo un papel consultivo: «emitir informe» en esos expedientes. No los instruye, no los resuelve y no fija la indemnización; el verbo de la ley es informar, y es el que hay que retener frente a los otros tres.

El art. 559 limita la subordinación a las funciones gubernativas: lo que un Presidente o una Sala de Gobierno hacen como órgano de gobierno queda bajo el Consejo. Lo que hacen al juzgar no entra en esa cadena, y por eso son falsas tanto la opción jurisdiccional como la que abarca todas sus funciones. Tampoco se reduce a lo disciplinario: alcanza a todo el gobierno de los tribunales.

El art. 563.4 añade a la Memoria una comparecencia anual del Presidente, con datos actualizados, sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia. El lugar es una comisión concreta, la de Justicia del Congreso: no el Pleno, ni la Comisión Constitucional, ni la Diputación Permanente.