La planta y la organización territorial de los tribunales

El art. 29.2 abre la puerta a las comunidades autónomas, pero solo a las que tienen competencia en materia de Justicia, y para adaptar la planta a las necesidades de su territorio. Una comunidad sin esa competencia no puede instarla por esta vía, y el artículo no da ese papel ni a las Salas de Gobierno ni a las diputaciones provinciales.

El art. 29.1 manda revisar la planta al menos cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades. La revisión se hace con base en la evolución de las cargas de trabajo, la población y otros parámetros que se consideren relevantes. «Al menos» marca un mínimo: nada impide revisarla antes.

El art. 36 da la creación al Gobierno, que antes tiene que oír, con carácter preceptivo, a la comunidad autónoma afectada y al Consejo General del Poder Judicial. Oírlos es obligatorio, pero no son ellos quienes crean la Sección o la plaza. La ley de las Cortes es el instrumento de la planta (art. 29.1), pero el art. 36 no la pide para crear cada Sección o cada plaza.

El art. 32.3 lo admite sin condiciones: el partido podrá coincidir con la demarcación provincial. Ocurre cuando el partido agrupa todos los municipios de la provincia. La ley no lo reserva a las comunidades autónomas de una sola provincia ni lo somete a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.

El art. 35.3 reparte el trabajo: el Ministerio de Justicia redacta la disposición a la vista de las propuestas autonómicas, y el Consejo General del Poder Judicial la informa en el plazo de dos meses. El Gobierno entra después: emitidos los informes, tramita el proyecto normativo (art. 35.4).

El art. 33 no dibuja una provincia judicial propia: la ajusta a los límites territoriales de la provincia administrativa, como el art. 31 hace con el municipio. Lo que las comunidades autónomas proponen al Gobierno al organizar la demarcación son los partidos judiciales (art. 35.2), no los límites de la provincia; y el Consejo General del Poder Judicial no la delimita.

El art. 35.6 deja la capitalidad de los partidos en manos de las comunidades autónomas, que la fijan por ley y previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Es una pieza aparte de la demarcación, cuya disposición redacta y tramita el Estado: qué municipio es la capital de cada partido lo decide la comunidad, no el Gobierno ni el Consejo.

El art. 32.2 fija cuatro criterios para modificar los partidos: el número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales. La renta de los habitantes no está entre ellos: de la población cuentan sus características, no lo que gana. Tampoco el número de abogados colegiados ni la distancia a la capital de la provincia, aunque los medios de comunicación tengan que ver con lo que cuesta llegar al tribunal.

El art. 35.5 fija un plazo de revisión, pero admite adelantarla «si las circunstancias lo aconsejan». Adelantada o no, la revisión se hace mediante ley elaborada por el mismo procedimiento que la demarcación: no se reserva a una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que interviene informando, ni pasa a hacerse por real decreto.

El art. 37 separa a quien pone los medios de quien dice qué falta. Los provee el Ministerio de Justicia o, donde tenga competencias en materia de justicia, el órgano competente de la comunidad autónoma (art. 37.1); para ello, el Consejo General del Poder Judicial les remite cada año una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes (art. 37.2). El Consejo no provee medios, y la relación no la mandan las Salas de Gobierno.

La regla del art. 35.1 es la ley; el real decreto es la excepción, y solo en los casos que la propia LOPJ contempla expresamente. Esos casos no los abre un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, y la demarcación no es una ley autonómica: las comunidades autónomas participan proponiendo al Gobierno los partidos judiciales de su territorio (art. 35.2).