El Gobierno

El 98.4 dice «la ley», sin calificarla: no la reserva a ley orgánica, ni deja la materia a un reglamento del Gobierno o de la Cámara.

Expone el programa del Gobierno que pretende formar y pide la confianza de la Cámara: se vota al candidato con su programa, no una lista de Ministros, a los que nombra el Rey a propuesta del Presidente ya investido (art. 100). El 99.2 no prevé enmiendas al programa.

Segunda votación de la misma propuesta a las cuarenta y ocho horas, y ya basta la mayoría simple. Aún no se cambia de candidato: las sucesivas propuestas del 99.4 llegan después de las dos votaciones. Los cinco días son los que han de pasar para votar una moción de censura.

Nombramiento y separación van juntos: los hace el Rey, a propuesta del Presidente. El Presidente propone pero no nombra, y ni el Congreso ni el Consejo de Ministros tienen papel en el artículo 100.

La refrenda el Presidente del Congreso, igual que la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 64.1), y no el Presidente en funciones. Sin refrendo no queda: los actos del Rey que no lo llevan carecen de validez, salvo los del 65.2 (art. 56.3).

El mando supremo de las Fuerzas Armadas lo atribuye al Rey el artículo 62.h. El Gobierno dirige, en cambio, la Administración militar y la defensa del Estado, además de la política interior y exterior: que una opción suene a militar no la descarta.

Todos los supuestos giran en torno al Presidente: si dimite o fallece, cesa el Gobierno entero. La dimisión de Ministros no lo hace cesar, y el Rey no puede cesarlo por su cuenta. El Gobierno cesante sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo.

Una cuarta parte de los miembros del Congreso toma la iniciativa y la mayoría absoluta de la Cámara la aprueba; el Senado no interviene. Ni la décima parte ni cincuenta Diputados bastan para plantearla.

El artículo 97 le atribuye la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. La potestad legislativa es de las Cortes; el Gobierno solo dicta normas con rango de ley por delegación (decreto legislativo) o por urgencia (decreto-ley).

Solo la traición y los delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. Para los demás rige el 102.1: la responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin ese paso previo por el Congreso.

El 99.5 dice «ambas Cámaras»: aunque el Senado no vota la investidura, se disuelve con el Congreso. Aquí no hay elección entre Cámaras, a diferencia de la disolución que propone el Presidente del Gobierno por el artículo 115.1.

Los Vicepresidentes van «en su caso»: puede no haberlos. Y la lista queda abierta a lo que establezca la ley. Los Secretarios de Estado y los Delegados del Gobierno no figuran en el artículo 98.1 como miembros del Gobierno.

El 98.2 le da la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos: no responde en exclusiva por ellos. A los Ministros los nombra y separa el Rey a propuesta suya (art. 100), y la potestad reglamentaria es del Gobierno (art. 97).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, igual que en las causas contra Diputados y Senadores. Si la acusación es por traición o delito contra la seguridad del Estado, hace falta además iniciativa de la cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta.

Mayoría absoluta del Congreso en la primera votación; la simple basta en la segunda, cuarenta y ocho horas después. El Senado no vota la investidura, y los tres quintos no aparecen en ninguna de las votaciones del artículo 99.

Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, como la cuestión de confianza perdida (art. 114.1). Renovar el Senado no abre la investidura, y tras una moción de censura aprobada no hay propuesta: su candidato se entiende investido (art. 114.2).

El 102.3 excluye la gracia en todos los supuestos del artículo, no solo en la traición. Que el indulto sea individual no lo salva: esa es la condición general del 62.i, que aquí no opera, y el Congreso no tiene en su mano autorizarlo.

Propone el Rey, después de las consultas con los Grupos políticos. El Presidente del Congreso es el cauce por el que llega la propuesta, no quien la hace: es la confusión que más cae.

El 99.4 prevé sucesivas propuestas por el mismo procedimiento. Las elecciones no llegan con el primer fracaso, sino si pasan dos meses desde la primera votación sin investidura (art. 99.5). Y el 99 no pide que el candidato salga del grupo más votado.