Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes

La prohibición es temporal y alcanza solo a quienes la firmaron: no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. El año es el plazo que ha de pasar entre dos disoluciones (art. 115.3), no entre dos mociones.

La moción aprobada vale como investidura: el candidato se entiende investido y el Rey le nombra, sin nueva votación ni propuesta. Es el candidato que la moción tenía que incluir (art. 113.2).

Solo ante el Congreso: el Senado no puede exigir responsabilidad política al Gobierno. Y la responsabilidad es solidaria, de todo el Gobierno, sin perjuicio de la directa de cada miembro en su gestión.

Mayoría simple, frente a la absoluta que exige la moción de censura: al Gobierno le cuesta menos conservar la confianza que a la oposición arrebatársela. La plantea el Presidente previa deliberación del Consejo de Ministros.

El artículo 115.2 lo impide mientras la moción esté en trámite, para que el Presidente no la esquive disolviendo. El año del 115.3 es otro límite: el que separa una disolución de la siguiente. Los cinco días son los que han de pasar para votar la moción.

El 110.2 les permite pedir que informen funcionarios de sus Departamentos, no el Consejo de Estado. No prevé que las preguntas sean por escrito ni que la sesión sea secreta.

Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara fija su posición. Esa moción no obliga a nadie a dimitir: la responsabilidad política del Gobierno se exige con la moción de censura del 113, que es otra cosa.

Cinco días desde la presentación, sin excepción, y no quince. La mayoría absoluta es la que aprueba la moción, no la que la adelanta.

Perdida la confianza, el Gobierno presenta su dimisión al Rey y se abre una nueva investidura por el artículo 99. No hay segunda votación de la cuestión de confianza ni disolución, y el candidato que queda investido sin más es el de la moción de censura, no el de la confianza.

El Gobierno y cada uno de sus miembros, Presidente incluido. A las autoridades autonómicas las Cámaras pueden pedirles información (art. 109), pero no están sometidas a sus interpelaciones.

Caben las tres: cualquiera de las Cámaras por separado o las Cortes Generales enteras. Distinto es el 99.5, donde la investidura fallida disuelve siempre las dos.

La regla es un año entre disoluciones, con la sola salvedad que hace el 115.3: la del 99.5, cuando en dos meses nadie obtiene la investidura. La propuesta ordinaria del Presidente, aunque cumpla sus trámites, no salta ese año, y el Congreso no puede autorizarlo.

La plantea el Presidente, pero previa deliberación del Consejo de Ministros, sea cual sea su objeto. El Consejo de Estado no es un trámite de la confianza.

Las dos Cámaras y sus Comisiones. El Gobierno responde políticamente ante el Congreso (art. 108), pero reclamar la presencia de sus miembros pueden las dos Cámaras, en Pleno o en Comisión.

La petición va «a través de los Presidentes» de las Cámaras, aunque la formule una Comisión. Ni la Mesa ni el Presidente de la Comisión son el cauce que fija el 109, y el Presidente del Gobierno es a quien se pide, no el intermediario.

El 108 dice «solidariamente»: responde el Gobierno entero. Eso no borra la responsabilidad directa de cada miembro en su gestión que reconoce el 98.2, pero la responsabilidad política del 108 es la del conjunto, no la de cada Ministro ni solo la del Presidente.

El 109 alcanza al Gobierno, a sus Departamentos y a «cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas», y se reconoce a las dos Cámaras. Que el Senado sea la Cámara de representación territorial (art. 69.1) no le da aquí ninguna exclusiva.

Lo fijan los Reglamentos, no una ley ni el Gobierno, y la Constitución pide que sea un tiempo mínimo y semanal: un suelo, no un techo.

El Consejo de Ministros delibera antes, pero la responsabilidad es exclusivamente del Presidente. La solidaria del 108 es la de la gestión política ante el Congreso, y el Rey no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3).