La Corona

Ante las Cortes Generales, las dos Cámaras, que es donde se le proclama. No es solo el Congreso, que es la Cámara ante la que responde el Gobierno.

Excluye el matrimonio contraído contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales: hacen falta las dos. La prohibición del Rey sola no basta, el Gobierno no interviene y la Constitución no dice nada de la nacionalidad del cónyuge.

El Príncipe heredero, si es mayor de edad; si no lo es, se sigue el orden de la minoría (padre o madre, pariente más próximo) hasta que lo sea. El padre o la madre no entran «en todo caso», sino solo si el heredero es menor.

Responden las personas que los refrenden. Que el Rey sea inviolable y no esté sujeto a responsabilidad (art. 56.3) no deja los actos sin responsable: la responsabilidad se traslada a quien refrenda.

Se prefiere siempre la línea anterior a las posteriores, y solo dentro de una misma línea deciden después el grado, el sexo y la edad. Por eso ni el grado más próximo ni el varón pasan por delante de una línea anterior.

Desde su nacimiento, o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento si no era heredero al nacer. No depende de ningún acto posterior: el juramento del heredero llega al alcanzar la mayoría de edad (art. 61.2), cuando ya tiene la dignidad.

El 56.1 solo destaca, con un «especialmente», a las naciones de su comunidad histórica. Ni la Unión Europea, que es el distractor más tentador, ni el Mediterráneo ni los países vecinos aparecen en ese artículo.

Sí, pero solo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey; en cualquier otra persona no se pueden acumular. Por eso «en ningún caso» es falso, igual que extenderlo a quien nombren las Cortes o al pariente más próximo a suceder.

Jura respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, además de desempeñar fielmente sus funciones y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. «Los pueblos de España» aparecen en el Preámbulo y en el artículo 46, no en el juramento del Rey.

La de Príncipe de Asturias, junto con los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona. «Príncipe de España» no aparece en la Constitución.

La reconocen las Cortes Generales, las dos Cámaras. No basta el Congreso, y ni el Gobierno ni el Tribunal Constitucional tienen papel en el artículo 59.2.

Recibe una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y la distribuye libremente. Ni llega por partidas ni su reparto lo decide el Gobierno o las Cortes.

Sí, con dos condiciones que van juntas: que él lo estime oportuno y que lo pida el Presidente del Gobierno. No puede hacerlo por su sola iniciativa, y el Congreso no interviene.

La regla general es que refrenda el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes, pero el 64.1 saca dos actos de ella: la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución del artículo 99. En ambos refrenda el Presidente del Congreso.

Al alcanzar la mayoría de edad: es el mismo juramento que presta el Rey, más el de fidelidad al Rey. No espera a ser proclamado, y su condición de heredero no depende de ninguna designación del Rey.

Con todo cargo o representación política. Con la Regencia no lo es siempre: el artículo 60.1 permite acumular los dos cargos en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey.

Representar no es dirigir: al Rey le corresponde la más alta representación del Estado, mientras que la política exterior la dirige el Gobierno (art. 97). La autorización previa de los tratados que la necesitan tampoco es suya, sino de las Cortes Generales (art. 94.1).

Ser informado de los asuntos de Estado. Lo que dirige el Gobierno es la política interior y exterior (art. 97); el artículo 62.g) no le da al Rey decidir ni autorizar nada, solo ser informado y, a petición del Presidente, presidir el Consejo de Ministros.

El Regente o los Regentes juran al hacerse cargo de sus funciones, con el mismo juramento que el Rey y el de fidelidad al Rey. No juran al ser nombrados —salvo en el caso del 59.3, nadie los nombra: entran a ejercer inmediatamente (art. 59.1 y 2)—, y la mayoría de edad es el momento del juramento del Príncipe heredero.

Basta ser español y mayor de edad. «Español de nacimiento» es lo que se exige al tutor nombrado en el testamento del Rey difunto (art. 60.1), y la incompatibilidad con todo cargo político es de la tutela (art. 60.2), no de la Regencia.