Las Comunidades Autónomas

El comercio exterior, junto al régimen aduanero y arancelario (149.1.10.ª). El 149.1 no nombra el comercio interior —las ferias interiores son del 148.1.12.ª— ni el de primera necesidad, y el criterio de más de una Comunidad es el de los ferrocarriles o las obras públicas (21.ª y 24.ª), no el del comercio.

Con una delegación de la Asamblea proponente, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Ni el Gobierno ni las Diputaciones participan en ese acuerdo.

En aguas interiores y fluvial, con el marisqueo, la acuicultura y la caza. La pesca marítima es del Estado (149.1.19.ª).

Ante la Asamblea que elige al Presidente. Que el Rey lo nombre no lo hace responsable ante él.

Una ley orgánica, que puede regular también las normas para resolver los conflictos y las formas de colaboración financiera entre las Comunidades y el Estado.

«Por motivos de interés nacional». El «interés general de España» es la fórmula del 155, y la solidaridad entre territorios, la del 138 y el 158.

Ley orgánica (144). No basta una ley ordinaria, y no es un acuerdo de las Cámaras, ni de las dos ni del Senado solo.

La de sus edificios e instalaciones. La seguridad pública, en general, es del Estado (149.1.29.ª).

Las Cortes, con mayoría absoluta en cada Cámara. El Senado por mayoría absoluta, en solitario, es el del 155.

La materia 8.ª: los montes y aprovechamientos forestales. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias es del Estado (149.1.23.ª); las vías pecuarias no figuran en el 148.1, y la Constitución no habla de una defensa forestal de interés general.

Mayoría absoluta de sus miembros. La Asamblea se constituye «a los solos efectos» de elaborar el proyecto.

Lo sanciona y lo promulga como ley (151.2.4.º): las dos cosas, como con las demás leyes (91). El referéndum en las provincias va antes del voto de ratificación de las Cortes, y el texto no vuelve a la Asamblea.

Reformando su Estatuto, y dentro del marco del 149. El traspaso de servicios sigue a las competencias asumidas (147.2.d), no es la vía para ampliarlas.

Las Cortes Generales, y no solo entre Comunidades: también entre provincias, en su caso.

Las que le impongan la Constitución u otras leyes. Los convenios entre Comunidades o los acuerdos del Consejo de Ministros no son el supuesto del 155.

Los convoca el Gobierno. Por esta vía la asamblea la forman solo los parlamentarios; en la del 146 se suman los miembros de las Diputaciones.

La autorización para convocarlas, en la 32.ª, la última de la lista del 149.1.

Para gestionar y prestar servicios propios, en los supuestos, requisitos y términos que prevean sus Estatutos. Gestionar juntas los tributos cedidos o ejecutar la legislación estatal no es el objeto que el 145.2 da a estos convenios; cualquier otra cooperación pide la autorización de las Cortes.

En materias de competencia estatal: por esta vía la Comunidad dicta, para sí misma, normas legislativas en lo que es del Estado.

La transferencia de medios financieros que corresponda, en cada caso. El plazo o la aceptación por la Comunidad no los exige el 150.2.