Artículos 87 a 92: la iniciativa, la tramitación en las dos Cámaras, la sanción y promulgación, y el referéndum consultivo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.
Sobre las enmiendas basta la mayoría simple, tanto para aceptarlas como para rechazarlas. La absoluta es la que hace falta para levantar un veto sin esperar dos meses.
o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
Lo convoca el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, no del Consejo de Ministros, previamente autorizada por el Congreso.
El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
El 87.2 da a las Asambleas dos vías: solicitar del Gobierno un proyecto de ley o remitir una proposición. No exige ninguna mayoría cualificada.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley
No menos de 500.000. Y no vale para todo: el mismo apartado excluye las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia.
En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.
El Presidente del Congreso da cuenta inmediata al del Senado, y es este quien lo somete a la deliberación de su Cámara.
su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
El 92.1 lo reserva a las «decisiones políticas de especial trascendencia». Ni las leyes orgánicas ni un veto del Senado ni la confianza del Gobierno figuran en él.
Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Quince días para sancionar; después las promulga y ordena su publicación. Veinte son los días del Senado en los proyectos urgentes (90.3).
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales
Exposición de motivos y antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Ni el dictamen del Consejo de Estado ni una memoria económica los nombra el artículo 88.
acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
El 87.1 la da al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Asambleas autonómicas y los ciudadanos tienen vías propias (87.2 y 87.3); el Rey no figura entre los titulares.
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
El 87.3 excluye de la iniciativa popular las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. Ni el respaldo de una Asamblea ni la toma en consideración lo salvan.
No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
El 87.3 la remite a una ley orgánica, que no puede bajar de las firmas que la propia Constitución exige «en todo caso».
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.
Un máximo de tres miembros de la Asamblea, encargados de su defensa ante el Congreso.
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
A la Mesa del Congreso, no a la del Senado aunque este sea la Cámara de representación territorial (69.1).
o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley
La autoriza el Congreso de los Diputados; el Senado no interviene y no hace falta sesión conjunta.
mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
El veto exige mayoría absoluta. Para las enmiendas del Senado, en cambio, el 90.2 no fija mayoría alguna.
El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.
Dos meses «a partir del día de la recepción del texto», no desde la votación del Congreso. En los proyectos urgentes el plazo es menor (90.3).
El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo.
Veinte días naturales, frente a los dos meses ordinarios. Treinta son los días del Congreso para pronunciarse sobre un decreto-ley (86.2).
se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes
El Senado puede tomarla en consideración, pero la proposición pasa al Congreso, donde se tramita como tal; no se convierte en proyecto del Gobierno.
Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.
Los aprueba el Consejo de Ministros. El Consejo de Estado no aprueba los proyectos de ley del Gobierno.
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros
Ratificando el texto inicial por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde que se interpuso el veto.
El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo
La prioridad de los proyectos existe, pero no puede impedir el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del 87.
sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
Una ley orgánica, para todas las modalidades de referéndum de la Constitución, también la consultiva del 92.
Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
Con un «mensaje motivado». La Comisión Mixta es la del 74.2, que no interviene en el procedimiento legislativo ordinario.
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo.
El 91 encadena tres actos: sanciona en quince días, promulga y ordena la «inmediata» publicación. No prevé ningún control previo ni un plazo de un mes para publicar.
y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
El 90.3 lo permite al Gobierno o al Congreso; el Senado no figura entre quienes pueden declarar la urgencia.
en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.