El Tribunal Constitucional

Sí: el 162.1.b) legitima a «toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo». No distingue entre personas jurídicas públicas y privadas, ni entre clases de asociación.

Lo propone el mismo Tribunal en pleno: ni el Gobierno ni las Cámaras intervienen. Con los magistrados es al revés: los proponen órganos de fuera del Tribunal (159.1).

El 159.4 dice «todo mandato representativo», sin distinguir el nivel: ni el local ni el autonómico se salvan. Renunciar al sueldo no cambia nada, porque lo incompatible es el mandato, no su retribución.

El 161.2 habla de «las disposiciones y resoluciones»: las dos, sin la autorización previa de ningún otro órgano. Que haya otros controles ante los jueces no le quita esta vía al Gobierno.

En lo demás, remite a las incompatibilidades del poder judicial. Ni a las de los parlamentarios, ni a las del Gobierno, ni a las de los funcionarios.

Dos requisitos que van juntos: que se aplique al caso y que el fallo dependa de su validez. Que la invoque una de las partes no lo exige el texto.

Tres quintos de sus miembros, no de los presentes, y el Senado con «idéntica mayoría».

Según el 161.1.a), la declaración afecta a la jurisprudencia, pero las sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada, ni ahora ni cuando se apruebe otra ley.

Más de quince años de ejercicio profesional, y para todos, vengan del colectivo que vengan. Ni doce, ni nueve, ni veinte: el 159.2 dice «más de quince».

No más de cinco meses. La impugnación produce la suspensión; lo que el Tribunal decide en ese plazo es si la ratifica o la levanta.

El 162.1.a) nombra al Presidente del Gobierno: ni al Consejo de Ministros, ni a un Ministro, ni al Vicepresidente.

Nueve años, y se renueva un tercio del Tribunal cada tres. Ni por mitades ni con mandatos de doce: el 159.3 fija los dos datos a la vez.

Lo incompatible son las funciones directivas en un partido o en un sindicato y el empleo a su servicio, mientras se es miembro del Tribunal. El 159.4 no mira hacia atrás: no habla de afiliaciones ni de candidaturas pasadas.

Cincuenta, y la misma cifra vale para Diputados y para Senadores: el 162.1.a) la da como número fijo, no como una parte de la Cámara.

El 163 deja a la ley los supuestos, la forma y los efectos de la cuestión, con un límite que fija él mismo: «en ningún caso serán suspensivos». Ni un plazo, ni un alcance limitado a las partes, ni una ratificación posterior: nada de eso está en el 163.

Doce, con la proporción 4-4-2-2: las dos Cámaras proponen lo mismo, y el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, dos cada uno. Sin el Gobierno no sale la cuenta, y quince no es la cifra del 159.1.

Los nombra el Rey, como dice el 159.1. Proponer no es nombrar: quien propone interviene antes, pero el nombramiento es siempre del Rey.

Sale del propio Tribunal: el Presidente es uno de sus miembros. No viene del Supremo ni lo propone ningún órgano de fuera.

Tres años: el Presidente tiene un mandato propio, más corto que el de los magistrados, y el 160 lo fija en esa cifra.

El 162.1.b) nombra a los dos, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. Ni el Presidente del Gobierno ni el Consejo de Estado figuran entre los legitimados para el amparo.