El derecho a la igualdad de trato y no discriminación: objeto y definiciones

La ley reconoce a niños, niñas y adolescentes el derecho a recibir la información necesaria en un lenguaje claro y comprensible y en formatos accesibles, y en los territorios con lenguas cooficiales pueden recibirla en la lengua cooficial que elijan. La elección es suya: no la hacen sus representantes ni el organismo que les atiende.

El art. 4.1 nombra, entre otras piezas de su lista, la denegación de ajustes razonables, las represalias y la inacción, la dejación de funciones o el incumplimiento de deberes. La acción positiva solo aparece en ella por su incumplimiento: adoptarla no vulnera el derecho, y lo que la ley reprocha es dejar de cumplir la que viene impuesta por una norma o un convenio.

La lista nombra el estado serológico y la predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, junto a la enfermedad o condición de salud, la expresión de género y la situación socioeconómica. El estado civil, la afiliación sindical y la apariencia física no están nombrados, lo que no quiere decir que queden fuera: la lista acaba en «cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

El derecho se reconoce a toda persona con independencia de su nacionalidad, de que sea menor o mayor de edad y de que disfrute o no de residencia legal. Ni la residencia propia ni la de sus progenitores condicionan la protección.

La indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular por una de las causas de la ley. Basta que pueda ocasionarla, aunque sea a una sola persona, y la definición no pide propósito de perjudicar.

Son diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. No se quedan en prevenir, porque también eliminan y compensan; no son una sanción a quien discrimina, y miran al grupo, no a una persona concreta.

En la múltiple la persona es discriminada por dos o más causas, de manera simultánea o consecutiva. En la interseccional las causas concurren o interactúan y generan una forma específica de discriminación. Ninguna de las dos depende del ámbito en que se produce, y las dos piden más de una causa.

La enfermedad es causa protegida, pero la ley admite tres clases de diferencias de trato: las que derivan del propio proceso de tratamiento, las de las limitaciones objetivas que imponga para ejercer determinadas actividades y las exigidas por razones de salud pública. Fuera de esas tres, la enfermedad no ampara ninguna, por mucho que la respalde un informe médico.

La justificación del art. 4.2 no se hace una vez para el conjunto: la ley exige darla en relación con cada uno de los motivos. No hay un motivo principal que absorba a los demás, y la ley no impide motivarla cuando concurren varios.

El art. 8 extiende la regla a la intolerancia: es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, por cualquiera de las causas de la ley. No la deja para la vía penal ni la limita a un grupo o a una causa.

El art. 6.6 deja fuera los supuestos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal. Por lo demás, la represalia cubre tanto el procedimiento administrativo como el proceso judicial, y no distingue según quién la cause ni el momento.

La ley pide tres rasgos a la vez: que la inducción sea concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. Si falta uno, no hay inducción en el sentido de la ley, por mucha difusión o insistencia que tenga.

Es segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o por cualquiera de las causas del art. 2.1, sin una justificación objetiva y razonable. Cuenta el efecto, no la intención, ni importa quién la adopte; y si hay una justificación objetiva y razonable, deja de serlo.

La disposición transitoria única no aplica la ley a los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados antes de su entrada en vigor: se rigen por la normativa anterior. No prevé aplicarla en lo favorable ni obliga a empezarlos de nuevo.

Hacen falta las dos cosas: atentar contra la dignidad de una persona o del grupo en que se integra y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Basta que sea el objetivo o la consecuencia, así que no hay que probar el propósito, y la definición no exige que la conducta se repita.

Solo deja de ser discriminación la diferencia de trato que se justifica objetivamente por una finalidad legítima, y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. La libertad de empresa no basta, porque la ley obliga también a los particulares; el consentimiento no está entre las condiciones; y que la causa protegida concurra con otras razones no excluye la discriminación.

La lista del art. 2.4 comprende la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración Local, la Administración de Justicia, el sector público institucional y las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones. Las Cortes Generales no figuran en ella.